El Govern contratará en el 2009 un total de 50 trabajadores sociales más en los municipios para posibilitar la aplicación de la Ley de Dependencia
PALMA DE MALLORCA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El Govern aprobará la próxima semana una resolución mediante la cual los municipios de las islas que cuenten con residencias de estancias diurnas podrán concertar plazas para destinarlas a los beneficiarios de la Ley de Dependencia, de manera que los Ayuntamientos percibirán 40 euros diarios por cada plaza concertada que se destine a la atención a la dependencia.
Así lo avanzó en el pleno del Parlament la consellera Asuntos Sociales, Fina Santiago, tras la interpelación formulada por el parlamentario del PP Antoni Serra, quien criticó que todavía no ha llegado a la Cámara autonómica una Ley de Servicios Sociales que "ponga orden" a la aplicación de la Ley de Dependencia y que contemple la "descentralización" de las infraestructuras existentes de atención a las personas dependientes, para que sean gestionadas por las instituciones locales y los Consells Insulares.
En respuesta, Santiago anunció que después del verano, entre septiembre y octubre, presentará la Ley de Servicios Sociales en el Parlament, y, en este sentido anunció que entre el 1 y el 10 de junio remitirá la normativa a los 'populares' después de que se haya pactado un texto con los Consells Insulares.
Asimismo, adelantó que en el 2009 se contratarán a 50 trabajadores sociales más en los municipios de las islas, que se sumarán a los 28 ya existentes, con el fin de que "posibiliten" la realización del Programa Individual de Atención a la Dependencia.
Por otro lado, Santiago reconoció que actualmente, en Baleares hay un retraso de 45 días en la resolución de los procedimientos para decidir si una persona dependiente recibe ayudas económicas o prestaciones asistenciales, como atención domiciliaria, respecto a lo que establece la Ley de la Dependencia, si bien confió en que en diciembre de 2008, los procesos se puedan realizar en un plazo máximo de seis meses "y si es posible reducirlo".
Finalmente, la consellera de Asuntos Sociales informó de que desde octubre de 2007, ya se han presentado en las islas 11.922 solicitudes de ciudadanos para tener acceso a los derechos contemplados en la Ley de la Dependencia, de las que ya se han realizado 6.479 valoraciones. Así, detalló que 4.200 dependientes ya tienen derecho a los servicios sociales, de los que 1.915 ya reciben prestaciones (428 económicas y el resto residencias o centros de estancias diurnas).
RESIDENCIAS A UN 20% DE OCUPACIÓN
Por su parte, Serra criticó que actualmente, hay 4.000 expedientes de personas dependientes que están sin resolver en el archipiélago y, por otra parte, señaló que existen residencias con entre un 20 y un 50 por ciento de ocupación, "cuando lo deseable es que estuvieran al cien por cien, ya que hay muchas personas que esperan ser atendidas".
Asimismo, instó a la consellera a que "descentralice" los servicios de atención a la dependencia y, en este sentido, expresó su "preocupación" por el hecho de que el Govern no contemple transferir la competencia de estas infraestructuras a los Ayuntamientos hasta el primer trimestre de 2009. Así, señaló que los Consistorios sólo tardan una semana en ofrecer atención domiciliaria a las personas dependientes, mientras que la Conselleria de Servicios Sociales retrasa hasta seis meses el procedimiento para determinar si un ciudadano recibe ayudas económicas o prestaciones asistenciales.
Serra consideró "necesario" dotar a las islas de infraestructuras para aplicar la Ley de Dependencia y, en esta línea, apuntó que a día de hoy, el Govern aún no ha firmado con el Ejecutivo central el protocolo previsto en materia de recursos asistenciales, de forma que esperó que "no suceda lo mismo que con el convenio de tren, que aún estamos esperando".
Por último, el parlamentario 'popular' criticó que la Conselleria de Asuntos Sociales no ha presentado ninguna nueva instalación destinada a las personas dependientes, "más allá de las que fueron propuestas por el PP en la pasada legislatura".
Por su parte, el dirigente de UM Joseph Melià criticó que el Govern de Antich se ha encontrado con una situación en la que no había infraestructuras, ni los medios necesarios para dar respuesta a las personas dependientes, opinión que fue compartida por el parlamentario del Bloc Miquel Ángel Llauger, quien criticó la "pésima gestión" realizada durante la pasada legislatura, que, a su juicio, "condiciona la aplicación de la Ley de Dependencia".
Finalmente, la dirigente del PSIB Francisca Lladó instó a la consellera de Asuntos Sociales a que "intente reducir" el proceso de resolución de las solicitudes para que se pueda dar respuesta a las personas dependientes "lo más rápidamente posible, sobre todo cuando se trata de una solicitud de un gran dependiente", ya que, a su juicio, el actual procedimiento es "muy largo".
