PALMA DE MALLORCA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern, a través de la Conselleria de Interior, está preparando un Decreto de normalización lingüística dirigido a incrementar el nivel de conocimiento de la lengua catalana exigido en los procesos de acceso a la Administración pública, a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que anula el Decreto aprobado en 2003 que sólo exigía el nivel B (elemental) de catalán para todo el cuerpo de funcionarios.
Así lo anunció hoy, durante el pleno del Parlament, la consellera de Interior, María Ángeles Leciñena, quien recalcó que la pretensión del Ejecutivo autonómico es dar cumplimiento a la sentencia y recuperar el nivel de conocimiento del catalán a través de un decreto que, tal y como aseguró, contará con los trámites administrativos necesarios y será negociado asimismo con los representantes de los trabajadores.
Según recordó, el decreto aprobado en 2003 por el anterior conseller, José María Rodríguez, no contó en su impulso con ningún informe del Consell Consultiu que lo avalara, sino que a este órgano se le pidió que emitiera uno en agosto por vía de urgencia (en un plazo máximo de 15 días). "No entendemos por qué era necesaria tanta urgencia ni el concepto de normalización lingüística de Rodríguez", manifestó Leciñena.
La actual titular de Interior señaló asimismo que, posteriormente, se aprobó otro decreto que eximía del conocimiento de la lengua catalana al personal de la Administración mayor de 50 años, y que también ha sido motivo de anulación por parte del TSJIB. En este sentido, lamentó que ambas normativas aprobadas por el anterior Ejecutivo iban dirigidos a rebajar el nivel de exigencia del catalán, aunque finalmente ambos han sido anulados por el Tribunal Superior.
En concreto, el pasado 11 de abril la Sala Contencioso Administrativa del TSJIB anuló la parte del Decreto aprobado en 2003 mediante el cual sólo exigía el nivel B, según recordó Leciñena en respuesta a una pregunta formulada en la sesión plenaria por el diputado socialista Josep Maria Costa.
De este modo, el Govern presidido por Francesc Antich deberá aplicar el Decreto aprobado por el Pacte de Progrés en 2001, que presidía él mismo, incrementando así el nivel de exigencia del catalán en los procesos de selección de técnicos superiores (letrados, Intervención, Inspección de Transporte Terrestre, etc), técnicos de grado medio y administrativos de la Administración General de Justicia, quienes deberán acreditar un nivel superior, el C, mientras que los auxiliares administrativos y los ordenanzas deberán continuar acreditando el Nivel B.
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
La sentencia sostiene que el Decreto aprobado por Rodríguez y que sustituía al aprobado en 2001 por el Govern del Pacte, supone un "paso atrás" respecto al primer Decreto vulnerando el artículo 45 de la Ley de Normalización Lingüística aprobada en 1986, debido a que se exigía el nivel más básico de catalán para todos los funcionarios de la Comunidad Autónoma.
Por este motivo, el TSJB ha anulado varios artículos del Decreto de 2003, relativos a los capítulos de 'Conocimientos exigibles para el ingreso en los grupos, cuerpos y/o escalas de funcionarios, categorías profesionales de naturaleza laboral, ocupación de los puestos de trabajo de funcionarios y puesto de trabajo de naturaleza laboral'.
El TSJB señala que el Decreto anulado incumple el artículo 45 de la Ley de Función Pública del Govern aprobada en 1989, que establece que "se debe acreditar el conocimiento de la lengua propia de la Comunidad Autónoma respetándose plenamente el principio de proporcionalidad a nivel de exigencia de un determinado conocimiento, que deberá estar relacionado con las plazas o funciones que se traten".