El decreto ley será tramitado finalmente como un Proyecto de Ley, en respuesta a la petición del PP
PALMA DE MALLORCA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Parlament aprobó por asentimiento de todos los Grupos convalidar el decreto ley de medidas tributarias con el que el Govern balear pretende potenciar la actividad productiva y proteger a los colectivos más vulnerables.
La novedad surgida del debate parlamentario radica en que finalmente la medida será tramitada como un Proyecto de Ley en lugar de vía decreto ley como se planteó en un principio. La petición fue propuesta por el único grupo de la oposición (PP).
Así, el conjunto de las doce medidas tributarias, expuestas por el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Carles Manera, representan un ahorro fiscal para los contribuyentes de 57 millones de euros y beneficiarán principalmente a empresas familiares, menores de 35 años y sectores desfavorecidos.
El decreto se articula en tres ámbitos principales de actuación como son la dinamización de la actividad productiva y la ocupación; el impulso de la actividad inmobiliaria, la creación de empresas y la adaptación de los beneficios fiscales al acceso de la vivienda.
Para el Grupo 'popular', apuntó que las medidas son "bondadosas, positivas y correctas, pero insuficientes", por lo que vaticinó que "no tendrán el impacto que se espera en los ciudadanos". Es por ello, que reclamó al Ejecutivo una mayor rebaja fiscal que beneficie a "todos los ciudadanos" tal y como, dijo, han hecho otras comunidades autónomas.
Tras remarcar que el voto de la Oposición "está marcado por un sentido institucional", Francesc Fiol apuntó las ventajas de tramitar las medidas en Ley de acompañamiento de los presupuestos ya que confiere a la propuesta "un carácter normativo con mayor entidad que mediante la vía de decreto ley".
Entre las medias incluidas, cabe reseñar la reducción del impuesto de Trasmisiones Patrimoniales para las empresas que generen lugares de trabajo o que consigan mantener la ocupación, en dos puntos, pasando del 4% al 2%, con el objetivo de dinamizar la ocupación y poder, así, mantenerla en el tiempo.
Otra de las medidas que contempla este decreto ley es facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos así como de los jóvenes menores de 36 años, las personas con discapacidad y las familias numerosas. Ello se llevará a cabo mediante la deducción en el IRPF del 50% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (TPO), así como del Impuesto de Actos Jurídicos Documentales (AJD) para la compra de la primera vivienda.
En este sentido, también se practicará una deducción del 75 por ciento de la cuota de estos dos impuestos para la adquisición de una vivienda protegida (VPO).
APOYO DE TODOS LOS GRUPOS
El diputado de UM, Josep Melià, valoró las medidas incluidas en la propuesta, y remarcó - al igual que el PP- la conveniencia de que el decreto ley se tramite como proyecto de Ley , puesto que ello permitiría profundizar en los criterios de su aplicación, afirmó.
Así, el portavoz socialista, Joan Boned, recordó que el decreto ley "no es más que el cumplimiento de un compromiso adquirido por el president del Govern el pasado mes de julio" para superar las dificultades más inmediatas.
El líder del Bloc, Biel Barceló, admitió que las medidas planteadas "no son suficientes" para hacer frente a la situación económica si bien, consideró que el Govern "ha actuado adecuadamente, en función de su limitado margen de actuación". Así, reiteró la necesidad de caminar hacia un nuevo modelo económico sostenible, dejando de atrás un modelo especulativo que ha estado imperando hasta ahora.
Por su parte, el diputado de AIPF, del Grupo Mixto, Josep Mayans, señaló que el paquete de medidas para paliar la crisis "llega tarde", si bien se felicitó por la rebaja de determinados impuestos aunque, a su juicio, dicho descenso debería haber sido mayor. "Espero que no quede todo en una gran declaración de intenciones y que las medidas lleguen a todos los ciudadanos", apostilló. Tramitar el decreto como una Ley
Finalmente, la diputada Esperança Marí (ERC), valoró positivamente la aprobación del decreto al tratarse de un "acto de responsabilidad" por parte del Govern, puesto que contribuirá ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad.
