Podemos pide a Sáenz de Santamaría que reclame al PP balear el pago de "sus deudas por corrupción"

Podemos en el Parlament
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 26 junio 2018 10:58

PALMA DE MALLORCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, ha reclamado a la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría que le pida al PP de Baleares que pague "sus deudas por corrupción", en referencia a la financiación irregular durante la campaña electoral de 2007.

Así lo ha manifestado Jarabo durante una rueda de prensa este martes, quien ha criticado el comportamiento "corrupto" del PP de las Islas y que se "niegue" a devolver "los cerca de 150.000 euros pendientes más intereses, lo que suman 213.000 euros".

En esta línea, el portavoz de Podemos ha lamentado "la corrupción desenfrenada, el ataque permanente al entorno y la traición a los intereses de las Islas desde Madrid" por parte del PP.

Respecto al pleno extraordinario de este miércoles, Jarabo ha asegurado que "es importante enviar a la ciudadanía un mensaje de que se trabaja también en verano".

Por su parte, la diputada de Podemos Laura Camargo ha resaltado que la proposición de ley para eliminar el aforamientos de diputados y miembros del Govern contará con el apoyo de todas las fuerzas políticas. "Es un gran consenso en una cuestión que antes parecía imposible", ha añadido.

"Estos privilegios siempre se habían puesto en tela de juicio. Mañana empieza un camino para que se cambie. Tardará un tiempo porque al ser una reforma del Estatut tiene que ir al Congreso pero esperamos que sea antes de que acabe la legislatura", ha manifestado.

En esta línea y en alusión al diputado Álvaro Gijón, ha comentado que sin estos privilegios "habría un diputado presuntamente implicado en la trama de la Policía Local que podría estar detenido y que no lo está porque todavía se cuenta con este privilegio".

En cuanto al proyecto de ley contra las prospecciones petrolíferas, Camargo ha asegurado que tanto PP como Ciudadanos debería de pedir perdón "por estos dos años de retraso en la aplicación" de la normativa y por "la irresponsabilidad generada".