Lengua, memoria histórica, inmigración y Pacto Verde: las claves del acuerdo PP-Vox para los presupuestos

PALMA, 30 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios del PP y de Vox han pactado, a raíz del acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos de Baleares de este 2025, modificar la ley educativa para incluir la vehicularidad tanto del catalán como del castellano y derogar la ley de memoria democrática.

Así consta en el documento consensuado y rubricado por los portavoces en el Parlament de ambos partidos, Sebastià Sagreras y Manuela Cañadas, después de que este viernes el Consell de Govern haya dado luz verde al proyecto de ley de presupuestos.

Las medidas recogidas, reza el encabezado del texto, establecen las bases de colaboración para que Vox apoye los presupuestos y "son reflejo de los valores compartidos y del compromiso de ambas formaciones".

De buena parte de ellas han dado cuenta los portavoces parlamentarios en una rueda de prensa conjunta en la que han celebrado el acuerdo tras unos meses de negociaciones que, han reconocido, han sido "duros y largos".

LEY DE MEMORIA Y EDUCACIÓN

Entre otros asuntos, el acuerdo contempla la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares, algo que estaba previsto que se llevara a cabo a finales del año pasado pero que los votos del PP y de la izquierda impidieron.

En materia educativa destaca un punto que habla de modificar la ley balear de Educación para incluir la vehicularidad de las dos lenguas cooficiales de la región.

Acuerdo suscrito entre PP y Vox para la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2025

Para Cañadas, se trata de fomentar que los alumnos "sean cultos en ambas lenguas", algo que su parecer ahora mismo no sucede. "Que se expresen bien en ambas y que se abran a otras lenguas, que son muy necesarias en Baleares", ha apuntado.

Los 'populares' y los de Santiago Abascal también han pactado avanzar en el plan piloto voluntario de elección de lengua garantizando los recursos suficientes para su aplicación en educación primaria y su extensión a secundaria durante el próximo curso 2025-2026.

El acuerdo también expone la intención de ambos partidos para que al menos un centro educativo al plan piloto voluntario de elección de lengua en todas las comarcas de las Islas antes de final de legislatura y de que los padres puedan elegir la primera lengua de enseñanza de sus hijos rellenando la matricula de forma telemática.

Asimismo, se pretenden ampliar las adaptaciones curriculares y la exención de la evaluación de lengua catalana para alumnos de familias que se desplazan de manera temporal por razones debidamente justificadas a Baleares y permitir que en aquellas oposiciones para plazas docentes de muy difícil cobertura solo se deba acreditar el conocimiento de catalán una vez obtenida la plaza.

También rebajar la nota necesaria al finalizar ESO y Bachillerato para obtener el título de catalán B2 y C1, respectivamente, a la nota requerida por los criterios del marco europeo de lenguas de referencia y garantizar la obtención del certificado por parte de los alumnos que cursan un año académico fuera de España siempre que no sea el último curso de la respectiva etapa educativa.

Más allá de las cuestiones concretas, ambos grupos parlamentarios se han abierto a estudiar legislativos y otras medidas "que garanticen los derechos lingüísticos", aunque siempre dentro del marco de la ley de normalización lingüística.

BILINGÜISMO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

El documento también contempla una batería de medidas para tratar de garantizar que todos los formularios y trámites de la administración pública dirigidos a los ciudadanos estén disponibles tanto en catalán como en castellano y que éstos puedan elegir la lengua que prefieran.

Por otra parte, se tratará de garantizar que el catalán no penalice en el acceso a bolsas públicas de trabajo. Para ello se analizarán las categorías, cuerpos, escalas y puestos de trabajo "que no tratan con la ciudadanía para la rebaja o exención del nivel lingüístico exigido" y se exceptuarán aquellas plazas deficitarias o de difícil cobertura en las que la exigencia lingüística "pueda dificultar la prestación del servicio a los ciudadanos".

El acuerdo también recoge que el personal que se ha estabilizado sin tener el nivel de catalán en su momento requerido, y que dispone de un plazo de dos años para obtener la titulación correspondiente --ahora ampliada a partir del último decreto ley aprobado por el Govern hasta los cuatro años-- no sea removido de su puesto de trabajo.

RECHAZO A LOS MENORES MIGRANTES

En materia de migración también han pactado medidas como no acoger a más menores migrantes no acompañados procedentes del reparto de otras comunidades autónomas ni financiar nuevos centros de acogida para este colectivo en Baleares

Asimismo, han consensuado realizar pruebas de edad de mayor fiabilidad y proceder a la tramitación de expulsión de aquellos que no superen dicha prueba ateniendo a las leyes de extranjería. El PP y Vox también han planteado la posibilidad de colaborar con los consells insulares en la elaboración de planes de retorno de los menores migrantes a sus países de origen, donde Cañadas ha considerado que "deben estar".

Siguiendo en materia migratoria, se establece un mínimo de tres años de residencia para la ayuda de emancipación a extutelados y se condiciona la percepción de la renta social y, salvo causa justificada, a participar en itinerarios de inserción laboral a quienes acrediten este mismo tiempo de residencia legal.

Estas medidas, ha sostenido Sagreras, permitirán "luchar contra la lacra de la inmigración y acabar con las políticas del efecto llamada". Cañadas ha considerado que son una "victoria moral y política" de su partido.

En una línea similar, se buscará suprimir las ayudas de cooperación con países que no colaboren con el retorno de migrantes, a asociaciones u ONG "que colaboran con el tráfico de personas y la inmigración irregular" y a las "organizaciones islamistas". De estas últimas, Sagreras ha admitido no tener conocimiento de su existencia en Baleares, pese a que Cañadas ha sacado pecho de la medida.

También se pretende desarrollar un plan para identificar los "pisos patera" y los empadronamientos irregulares, que pasarían a suponer una infracción grave.

POLÍTICA AGRARIA Y VIVIENDA

El PP y Vox también han dado luz verde a la posibilidad de dotar una partida presupuestaria para un fondo de maniobra que compense "los efectos de las políticas europeas", implementar medidas fiscales para fomentar el relevo generacional en las explotaciones agrarias y aumentar la inversión en promoción del producto local.

Sagreras ha señalado la preocupación compartida de los dos partidos por "las dificultades de los payeses a la hora de competir con productos que vienen de fuera y no están sometidos a los mismos controles".

En materia de vivienda, el pacto recoge medidas que buena parte ya han sido consensuadas en la tramitación de otros proyectos legislativos, como el fomento de la construcción, el impulso a las rebajas fiscales a pequeños propietarios víctimas de una ocupación, o la imposibilidad de que los condenados por delitos de allanamiento de morada puedan percibir ayudas sociales.

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Ambos partidos, en lo que se refiere a la política presupuestaria, han acordado mantener las medidas fiscales recogidas en los presupuestos de 2024 y realizar auditorías a los organismos y entes públicos para evitar el "gasto superfluo o duplicado".

También se han comprometido a "reducir las partidas existentes para el desarrollo de políticas de carácter ideológico" y "redefinir las partidas de promoción del catalán".

Esto, ha concluido Cañadas, servirá para que "cada euro de los ciudadanos se invierta donde hace falta" y no en cuestiones "ideológicas".