Archivo - Refugio de Tossals Verds. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo
PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PSIB ha mostrado su rechazo "rotundo" a la decisión del Consell de Mallorca de permitir la caza en las fincas públicas y ha advertido que supone un "riesgo innecesario" para los excursionistas que las transitan.
Los socialistas han reaccionado de este modo a la prueba piloto puesta en marcha por la institución insular en la finca Tossals Verds de la Serra de Tramuntana, según han explicado en un comunicado.
El PSIB ha considerado que esta medida es "injustificada" y "contraria al interés general", especialmente en espacios naturales de "uso masivo por parte de senderistas, excursionistas y familias".
La consellera insular del PSIB Juana M. Adrover ha señalado que esta decisión "no responde a ninguna necesidad objetiva de gestión del territorio", sino a la "obstinación" del vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard.
La representante socialista ha indicado que Bestard es una figura "estrechamente vinculada" al mundo de la caza y que actúa "de facto como juez y parte".
Asimismo, ha alegado que es "especialmente preocupante" que un responsable institucional, que "ha negado reiteradamente la evidencia del cambio climático", sea quién impulsa medidas que "afectan directamente la gestión del patrimonio natural".
"Las fincas públicas tienen que ser espacios de disfrute universal, donde la seguridad y el uso social prevalezcan por encima de cualquier actividad que pueda limitar el acceso o generar riesgos", ha subrayado.
Igualmente, ha remarcado que "respeta" la tradición de la caza y los valores que representa para muchas personas pero ha incidido en que esto "no puede justificar que se ponga en riesgo la integridad de los miles de excursionistas, que transitan por estos parajes tan sensibles".
El PSIB ha apuntado que la Serra de Tramuntana y el resto de espacios naturales públicos son lugares de "alto valor ambiental y social", por lo que su gestión tiene que priorizar "la preservación del medio, la seguridad y el derecho de la ciudadanía a disfrutar sin restricciones, ni peligros añadidos".
Por todo esto, Adrover ha instado el Consell de Mallorca a reconsiderar esta decisión y apostar por un modelo de gestión que "ponga en el centro las personas, la seguridad y la protección del patrimonio natural".