PTM.- (Ampliac.) Grande reconoce que vendió Es Creuers por un precio mayor y asegura tener la conciencia "tranquilísima"

PALMA DE MALLORCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo inmobiliario Drac, Vicenç Grande, declaró hoy como imputado ante el juez que instruye el caso 'Plan Territorial de Mallorca (PTM)', Miquel Florit, en una comparecencia donde reconoció que adquirió la finca de Es Creuers (Marratxí) en 2002 por 14 millones de euros mientras que dos años después la vendió por 27 millones más, aunque aseguró tener la conciencia "tranquilísima".

Así lo señaló, en declaraciones a Europa Press, el abogado Juan Luis Matas, presente también en el acto y encargado de la defensa de los promotores Mateu y Cristòfol Sastre, también imputados en el caso, pese a que negó hacer más declaraciones al respecto. Grande reconoció la venta al tratarse de "algo que está en las escrituras públicas", pese a que aseguró desconocer que los terrenos iban a ser convertidos en áreas urbanizables con la aprobación del PTM.

Unos solares que sólo seis meses después fueron recalificados y que en estos momentos son objeto de investigación judicial por un "pelotazo" de cerca de 100 millones de euros. Fue en concreto en febrero de 2002 cuando Grande compró la finca por 14.424.291 euros, para posteriormente, en 2004, la traspasó presuntamente al propietario de Ibercon, Mateu Sastre cuando eran terrenos rústicos.

No obstante, con la aprobación del Plan Territorial, en diciembre de 2004 por parte del Consell de Mallorca -con los votos a favor de PP y UM y en contra por parte de la oposición por no estar de acuerdo con la figura de las Áreas de Reconversión Territorial contempladas en el PTM-, Es Creuers quedó incluido dentro de las ART, lo que revalorizó su valor y supuso unas cifras de negocio de 200 millones de euros.

Las ART permitían acometer las recalificaciones a cambio de bajo el pretexto de preservar en otros enclaves de Mallorca parajes interesantes desde el punto de vista medioambiental o zonas muy degradadas que, siempre según su criterio, debían ser rehabilitadas.

El máximo accionista del RCD Mallorca llegó a los juzgados de Vía Alemania de Palma a las 10.00 horas y comenzó su comparecencia a las 10.25, para prestar declaración por espacio de hora y media ante el magistrado así como ante Florit y los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau. Sin embargo, a su salida junto a su abogado Joan Font eludió hacer declaraciones a los numerosos medios allí congregados y tan sólo se limitó a decir que no comentaría nada acerca de su comparecencia.

Por su parte, su abogado, también en declaraciones a Europa Press, manifestó posteriormente que la comparecencia "ha ido bien" y en ella Grande ha declarado "todo lo que sabía". Pese a aseverar que no informaría nada más sobre su cliente, Font aseguró haber salido "satisfecho" del juzgado, al igual que Grande, subrayando que el propietario de Drac no tiene "nada que ocultar ni de lo que culparse".

"NINGUNA RESPONSABILIDAD EN EL CASO"

"Grande no tiene ninguna responsabilidad en el caso y por eso tiene la conciencia muy tranquila", agregó el letrado. También están imputados, además del presidente del Mallorca y los hermanos Sastre, el portavoz de UM en el Parlament, Bartomeu Vicens, y el ex conseller de Medio Ambiente, Jaume Font, durante la legislatura del Govern presidido por Jaume Matas (PP).

La imputación se llevó a cabo a raíz de la supuesta implicación de políticos y promotores en las irregularidades que se investigan en torno al Plan Territorial. En concreto, se analiza si en la redacción de las ART recogidas en el Plan insular por parte del anterior equipo de gobierno del Consell, dirigido por UM con el apoyo del PP, pudieron cometerse varios delitos mediante la filtración de información privilegiada sobre varias fincas rústicas de Mallorca que iban a ser recalificadas como urbanizables con la aprobación del PTM, para beneficiar a importantes promotores de la isla.

La querella de la fiscalía analiza indicios incriminatorios en la compraventa de solares en las áreas de reconversión investigadas, como son las de Marratxí, Campos, Sóller, Pollença y Alcúdia. Según el Ministerio Público, un informe pericial ha valorado por más de 297 millones de euros las plusvalías que se generaron en dichos terrenos.