Niega delitos contra él pese a que la querella de Núñez y Navarro atribuye los de malversación, prevaricación y revelación de secretos a quienes votaron a favor de la enajenación
PALMA DE MALLORCA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Fernando Rubio, defendió hoy ante el juez Francisco Javier Muñoz, instructor del caso Can Domenge en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), la legalidad de la votación del decreto para la enajenación de los terrenos palmesanos por parte del Consell de Mallorca, en diciembre de 2005, ya que estaba avalada con informes técnicos y jurídicos.
Así lo expuso ante el magistrado durante la declaración que efectuó en calidad de imputado en la Sala de lo Penal y Civil del TSJIB, donde, según explicó a su término a los medios congregados, defendió que el decreto partía de una propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, con el visto bueno de todos los informes técnicos de la fiscalización y la intervención del Consell, así como de informes jurídicos de contratación, asesores y arquitectos.
Es por ello que expresó su apoyo a la aprobación del expediente de contratación para adjudicar los terrenos, una sesión plenaria en la que él mismo, junto con otros miembros de PP y UM, votó a favor de este decreto. "La declaración ha ido muy bien y hemos explicado cuál fue nuestra actuación en el pleno", enfatizó el que entonces fuese portavoz 'popular' en la administración supramunicipal, al tiempo que aseguró sentirse "satisfecho" de haber "aclarado" esta cuestión.
Sin embargo, Rubio, asistido por el letrado Salvador Perera, aseguró que pese a que fue citado "con las garantías procesales propias de un imputado, no se me ha atribuido ningún delito".
Unas afirmaciones que contrastan con el contenido de la querella interpuesta por Josel SL -perteneciente a Núñez y Navarro y que ofreció 60 millones de euros en el concurso frente a los 30 de la UTE que resultó adjudicataria-, que atribuye los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y revelación de secretos a, entre otros, la ex presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, y aquellos miembros del pleno que dieron su voto a favor de la adjudicación, entre ellos el propio Rubio.
Su comparecencia, que se prolongó por espacio de unas dos horas, estuvo precedida por la de la actual presidenta del Parlament, que tanto a su llegada como a su salida fue recibida con abucheos e improperios de más de un centenar de personas que pedían su dimisión, mientras que varios miembros de UM hicieron acto de presencia para, por el contrario, ofrecer su respaldo a la también presidenta de Honor de la formación regionalista.
Cabe recordar que el procedimiento se inició a raíz de la querella de Núñez y Navarro, que no se llevó el concurso pese a ofrecer el doble que lo aportado por la UTE formada por Sacresa y Ferra Tur, y que precisamente solicitó al Juzgado de Instructor número 12, al igual que la Fiscalía, que el procedimiento fuese elevado al TSJIB debido al aforamiento de Miquel Nadal y Bartomeu Vicens, principales imputados en la causa.
El TSJIB asumió la causa después de que el Juzgado elevase a la máxima instancia judicial de las islas una extensa exposición razonada en la que la jueza Mari Carmen González determinó que el Decreto aprobado el 30 de diciembre de 2005 iba dirigido a "un fin preordenado de satisfacer intereses no legítimos" y constituyó una "conculcación flagrante de las normas con una finalidad torticera y ajena a los intereses generales".
