Santa Eulària certifica que los riesgos en Can Rova 2 eran superiores a los que motivaron el auto de desalojo

IBIZA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu pudieron certificar, durante la ejecución el pasado miércoles del desalojo por mandato judicial de Can Rova 2, que los riesgos de incendio, electrocución y salud pública son superiores a los que motivaron el auto de la juez de refuerzo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma. Cabe recordar que el desalojo fue suspendido por el mismo juzgado.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, este jueves se presentó un recurso de reposición acompañado por una serie de informes elaborados por los técnicos municipales que avalan esta decisión y certifican los peligros y riesgos para la salud y la seguridad de los moradores de Can Rova 2.

Por un lado, el informe realizado por el ingeniero técnico municipal constata que las viviendas que conforman el asentamiento están construidas en su mayoría con materiales altamente inflamables y no regulados (madera sin tratar, plásticos, lonas, textiles y restos de materiales de obra).

En consecuencia, no cumplen con las normativas básicas de seguridad, habitabilidad, instalación eléctrica, gas o salubridad, suponiendo un riesgo real de incendio. Además, se observó cómo los propios moradores comenzaron a desmontar apresuradamente instalaciones eléctricas, placas solares y cuadros de distribución sin conocimiento técnico ni control.

En la misma línea, los informes técnicos de Medio Ambiente destacan también el riesgo inminente de incendio por la gran cantidad de residuos potencialmente combustibles.

La presencia de combustible para generadores o la falta de elementos de prevención y extinción de incendios incrementan sustancialmente dicho peligro, ha insistido el Ayuntamiento.

En caso de producirse un incendio, estarían en riesgo infraestructuras vitales como vías principales de comunicación (EI-600 o EI-20), los helipuertos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de sa Coma y del Hospital Can Misses, el propio Hospital o entornos de alto valor ambiental como sa Serra Grossa (Zona de Especial Conservación) y áreas verdes colindantes que afectarían a los municipios de Ibiza, Sant Josep y Sant Antoni.

Desde Medio Ambiente también han apuntado al peligro existente para la salud pública. En concreto, se detectaron 18 inodoros ubicados sobre fosas sépticas excavadas en el suelo, sin ningún tipo de impermeabilización aparente ni sistema de depuración, así como depósitos para almacenamiento de agua no aptos para consumo humano pero que estaban siendo usados para ese fin.

En estos depósitos no se detectó ningún tipo de cloración ni equipo potabilizador, lo que podría provocar enfermedades digestivas y afecciones cutáneas.

Finalmente, del informe elaborado por los Servicios Sociales se desprende que las personas que habitan este asentamiento se encuentran en condiciones de grave hacinamiento, y que el poblado no reúne las condiciones adecuadas de habitabilidad ni higiene (tiendas de campaña, caravanas, infraestructuras hechas con materiales reutilizados en las que conviven hasta cinco o más personas, entre las cuales hay menores).

Además, algunas infraviviendas carecen de suministro eléctrico, agua corriente, cuentan con fosas sépticas irregulares y presentan acumulación de basura y restos de vegetación.

Durante el desalojo, el equipo de Servicios Sociales realizó un total de 83 visitas y constató la presencia de familias con menores (algunos menores de tres años) y mujeres embarazadas.

Solamente una familia acudió a las oficinas municipales de es Puig d'en Valls y aceptó los servicios ofrecidos, siendo alojados en el municipio de Santa Eulària.

Desde el Ayuntamiento han destacado también que se ha solicitando amparo desde el pasado mes de septiembre, cuando se comenzó a trabajar de manera "muy intensa" a todos los niveles.

"Es incomprensible que desde diferentes instancias se trate de tergiversar la realidad, ofreciendo esta situación como una alternativa digna, cuando la realidad es que las personas viven en un entorno insalubre y que no reúne las condiciones mínimas de seguridad", han manifestado desde el Ayuntamiento.

Además, han asegurado que no comprenden "en qué momento se puede llegar a considerar una victoria detener un operativo para conseguir que centenares de personas, entre las que se ha podido comprobar que hay menores de edad y bebés con escasos meses de vida, sigan en condiciones inhumanas".

"De no haber sucedido ya estarían bajo un techo digno, como ha logrado la única familia que solicitó ayuda a nuestros servicios sociales", han señalado.