PALMA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha lamentado el rechazo "en bloque" del PP a la propuesta del Ejecutivo central sobre el nuevo modelo de residencias.
En declaraciones a Europa Press, Santiago ha asegurado que esta iniciativa del Gobierno central "apuntalaba una mejora cualitativa de la atención residencial de los centros de día y del servicio de ayuda a domicilio".
En este sentido, ha detallado que el acuerdo aumentaba las ratios de profesionales para lograr un modelo más pequeño, "donde haya unidades de convivencia y la filosofía estuviera centrada en la persona, y donde se apostara claramente por no tener ligaduras".
Con todo, ha continuado la consellera, "las comunidades del PP han votado que no era el momento y que se tenía que consensuar más", una "excusa que no es cierta", porque a lo largo de estos meses "se ha ido consensuando y se han celebrado varias reuniones".
"Creo que esta posición en bloque del PP frente a una propuesta que nos comprometía a todos, Gobierno y CCAA, a avanzar hacia un modelo de calidad en las residencias no ha sido la acertada", ha insistido la consellera, que ha indicado que el Gobierno, "con criterio razonable", ha pospuesto la votación "para intentar mejorar el consenso".
"Baleares ha votado de forma positiva y seguiremos defendiendo que no haya una reducción en los términos de calidad del acuerdo, mantendremos el nivel de calidad que deseamos", ha concluido Santiago.
Cabe recordar que entre las comunidades que han mostrado su rechazo al documento se encuentran la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta (presididas por el PP), Castilla-La Mancha, Extremadura (presididas por el PSOE), País Vasco y Cataluña.
Por su parte, Castilla y León y Asturias mostraron su intención de abstenerse; y Navarra, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria y Melilla se han mostrado a favor.
LA PROPUESTA
El documento, que se iba a votar este miércoles en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, proponía un nuevo modelo de acreditación de residencias.
Entre otras medidas, fijaba un plazo de tres años para la "supresión total" de las sujeciones físicas, químicas o farmacológicas, y establecía que las nuevas residencias públicas deberían contar, al menos, con un 65 por ciento de habitaciones individuales.
Además, según el texto que finalmente no se ha votado, los centros proyectados no podían superar entre las 75 y las 120 plazas, dependiendo de la densidad de población.
Asimismo, con el objetivo de que la residencia se parezca lo más posible a un "hogar", se proponía que la vida de las residencias se organizara en pequeñas unidades de convivencia, con un máximo de 15 personas. Igualmente, se promovía la mejora de los servicios de ayuda a domicilio junto con el centro de día o la teleasistencia.
Respecto a las ratios, el texto establecía que en centros residenciales la ratio de atención directa conjunta se incrementaría paulatinamente de 0,39 en diciembre de 2023 a 0,51 en diciembre de 2029 en personas mayores y de 0,50 a 0,58 en centros para personas con discapacidad, estableciéndose una ratio para la atención directa de primer nivel en 0,43 y 0,50, respectivamente, en 2029, frente a los 0,42 y 0,44 de 2008.
