Stop Desahucios denuncia que la familia desahuciada en Can capes resistió 21 meses de "acoso inmobiliario"

PALMA DE MALLORCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Stop Desahucios ha denunciado este martes que la familia desahuciada en Can Capes resistió 21 meses de "acoso inmobiliario" y ha criticado el acoso que sufren "miles de familias, con diversas herramientas habituales que van desde el intento de engaño hasta la estafa procesal, tratando de inducir a engaño a los jueces".

Según ha informado Stop Desahucios en un comunicado, esta familia en cuestión "ha sufrido hasta dos denuncias instrumentales y engañosas mediante el procedimiento de desahucio expres de alquiler aprobado por la ministra Carmen Chacón del PSOE en 2009, que genera tanta indefensión en los inquilinos y ventajas al propietario para desahuciar sin motivo".

Asimismo, han asegurado que esta familia "no debía ni un céntimo a la propiedad" sino que "en la cuenta del juzgado consta dinero de la familia que quedó depositado después de la primera demanda realizada por la propiedad".

Según Stop Desahucios, la familia recibió una carta del entonces abogado de la propietaria, en la que se le solicitaba que entregasen la vivienda para el uso de un familiar directo de la propietaria. El abogado de la familia respondió que no tenían objeción en entregarla pero que revisarían que en tres meses hubiera accedido un familiar directo a la vivienda, tal y como marca la ley o de lo contrario, demandarían para volver a la vivienda.

"Esa respuesta provocó el desistimiento de la propietaria porque en realidad no pretendía lo que decía sino subir el precio del alquiler", han asegurado.

Del mismo modo, ha relatado que "a principios de 2018 la familia sufrió un problema puntual de liquidez, que llevó a algunos impagos, que la propiedad no tardó en demandar. La propietaria demandó "exagerando las cantidades" pero el abogado de la familia respondió a la demanda y logró contrarrestar parte de "la falsa deuda".

Finalmente, en noviembre la familia recibe una nueva demanda en la que se les exige el pago de la tasa de la incineradora (TRSU), por importe de 160 euros. La propietaria no presenta requerimiento de pago ni factura alguna para justificar la reclamación, "pero el juzgado admite la demanda a trámite por error, inducido por la propietaria y su abogado".

En ese momento, la familia contrató de nuevo a un abogado que "respondió un poco más tarde de lo que le exigían los plazos judiciales, dejando el juicio por perdido y quedando sin respuesta efectiva la estafa procesal de la propiedad". De esta forma, la familia se enfrenta a un desahucio exprés para el 11 de enero "sin deber un céntimo y por una demanda presentada en noviembre".