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PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los funcionarios de la administración de Justicia de Baleares han considerado que la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia han sido un "fracaso" y no creen que vayan a mejorar el servicio público que ofrecen.
Así se desprende de una encuesta realizada a 442 trabajadores de la administración de Justicia de Mallorca, Menorca y Eivissa realizada por el CSIF.
La valoración global de la implantación de los Tribunales de Instancia apenas alcanza los 1,9 puntos sobre los cuatro posibles, mientras que la percepción de que este nuevo modelo vaya a mejorar el servicio público se queda en 1,96 puntos sobre cinco.
Es decir, ha subrayado el sindicato en un comunicado, quienes están sosteniendo cada día el funcionamiento de los juzgados y los servicios comunes "no creen que esta reforma", impulsada a raíz de la conocida como ley de eficiencia, "esté mejorando la Justicia".
El suspenso se extiende a otros aspectos esenciales del nuevo sistema, como la coordinación entre unidades, que ha obtenido 1,74 puntos sobre cinco; la distribución de cargas de trabajo, con 1,83 sobre cinco; y la mejora de la eficiencia en la tramitación, con 1,84 sobre cinco.
"Lejos de racionalizar el trabajo, lo que reflejan las respuestas es un modelo que genera más confusión, más sobrecarga y más problemas en el día a día", ha advertido la organización sindical.
El CSIF ha considerado "especialmente grave" que los Tribunales de Instancia se hayan implantado "sin una preparación mínima", ya que el 28,7% del personal encuestado dice que se encontró su puesto de trabajo preparado el primer día. Es decir, casi siete de cada diez trabajadores se incorporaron al nuevo modelo en condiciones "claramente deficientes".
A ello se le suma que solo un 29,1% conoce la relación de puestos de trabajo (RPT) de su partido judicial y apenas un 36,6% afirma conocer algún protocolo de funcionamiento de los Tribunales de Instancia.
Para el sindicato, no se puede "vender como modernización" un proceso que ha arrancado "sin información, sin transparencia y sin instrucciones claras".
Otro dato que la organización ha considerado "alarmante" es que un 52,8% de los encuestados asegura recibir instrucciones "contradictorias" en sus tareas diarias, lo que pondría de manifiesto la "inseguridad funcional, descoordinación jerárquica y conflictos organizativo" a los que se enfrentan.
La información previa ha obtenido 1,93 puntos sobre cinco, mientras que la formación recibida se ha quedado en 2,07 puntos sobre cinco.
Los resultados se repiten en las tres islas analizadas, lo que para el sindicato vendría a demostrar que no son problemas puntuales o casos aislados sino una problemática "estructural y generalizada" que abarca todo el archipiélago.
El CSIF ha reclamado a la administración de Justicia que "deje de maquillar" la situación, reconozca el "fracaso" del nuevo modelo y ponga en marcha una corrección urgente de las carencias detectadas.
"No se puede construir una nueva organización judicial a costa del caos interno, de la improvisación y del deterioro de las condiciones de trabajo. Y no se puede exigir profesionalidad y responsabilidad a la plantilla mientras la administración responde con desorden, opacidad y falta de previsión", ha concluido el sindicato.