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PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asegurado que "no presionó a nadie" para evitar el cierre de la cocina de Can Arabí el pasado mes de junio y ha indicado que su clausura se llevó a cabo tras la inspección de la dirección general de Salud Pública.
De esta manera ha respondido el representante del Govern durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Universidades, al ser cuestionado por diversos diputados de la oposición por si pudo ejercer algún tipo de "presión" para que establecimiento pudiera prestar servicio pese a las incidencias acumuladas.
Así, ha indicado que el se enteró que había una inspección en marcha cuando sobre la misma tarde en la que se hizo, cuando se le comunicó que esta cocina no podía prestar el servicio de comedor a los 2.200 alumnos de 35 colegios de Mallorca a los que hasta ese momento daba de comer.
Vera ha remarcado que no habló con ningún técnico ni con nadie, sino que su departamento se puso en marcha para dar una alternativa de comedor a estos estudiantes, algo que ha defendido que se logró con la única salvedad de los que tenían algún tipo de intolerancia alimentaria.
A estos escolares se les permitió que pudieran llevar táper de casa y ha aclarado que no pasaron más de uno o dos días sin que estos niños pudieran comer del servicio de comedor.
La diputada del PSIB Patricia Gómez ha planteado sus dudas acerca de por qué el cierre de la cocina de Can Arabí se decidió a pocos días de acabar el curso escolar, cuando era una empresa que acumulaba ocho expediente sancionadores desde 2019, por cuestiones como no guardar la cadena del frío en el transporte de la comida, falta de trazabilidad o porque su personal no contaba con la cualificación necesaria para manipular alimentos.
En ese sentido ha puesto el ejemplo del CEIP es Putxet que en marzo se tuvo que suspender el servicio por las "pésimas condiciones" en las que llegaba la comida. Asimismo, ha preguntado si esta rescisión ha supuesto algún sobrecoste en el servicio de comedor para la administración.
Desde MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha censurado que no se haya entregado el expediente sancionador a los miembros del Parlament y ha destacado que esto guarda relación con el modelo de contratación de los comedores escolares, sobre el que ha pedido más información.
De este modo, ha apuntado que cuando se produce el cierre de una cocina central, como la de Can Arabí, se deja de dar servicio a un número elevado de centros, por lo que ha pedido saber si se ha preparado algún tipo de plan de contingencia ante una eventualidad similar. Ramon ha sugerido que, en la medida de lo posible, se pase a un modelo en que los centros tengan integrada la cocina.
Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha ha señalado la situación como "grave" con "quejas" que ya habían trasladado las familias y los centros, lo que, a su modo de ver, refleja "cierto descontrol".
Por este motivo, ha planteado que las asociaciones de familias puedan participar en la gestión de los comedores, puesto que cinco empresas controlarían el 64 por ciento de los centros, sin que las pequeñas cocinas puedan competir con estas grandes empresas. La razón por la que esto sería así, ha sugerido que se podría deber a que los pliegos de contratación priman el precio sobre la calidad.
"NO HUBO NINGÚN SOBRECOSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN"
Sobre el motivo por el que el cierre se produjo a final de curso, Vera ha aludido a la ley de contratación pública del Estado y ha explicado que Salud Pública ya hizo una inspección en abril que pedía solventar una serie de deficiencias pero esto no implicaba una suspensión del servicio. De haber sido así, ha aclarado que se hubiera cerrado.
Asimismo, ha planteado que dos meses después la inspección hizo una auditoría para revisar el cumplimiento de estas peticiones y, al ver los procesos que se empleaban en la elaboración de la comida, se opta por el cierre de la cocina. "No hay nada de oscuridad", ha remarcado.
Por otra parte, ha dejado claro que para la Administración "no hubo ningún sobrecoste" y esto es algo que también se recoge en la ley de contratos públicos, ya que el adjudicatario de un servicio debe subcontratarlo si no lo puede prestar. Por tanto, fue el propio Can Arabí quien tuvo que hacerse cargo de la subcontratación de las empresas que tuvieron que suplirla los siguientes días.
Lo mismo ha detallado que sucede con la rescisión de un contrato, que ha sostenido que no se puede hacer sin el informe previo de Salud Pública. Esto es lo que ha aseverado que pasó con el CEIP es Putxet cuando se detectaron los problemas con la comida que llegaba a los niños.
En cuanto a los problemas para que las pequeñas empresas puedan entrar en los concursos públicos, ha admitido que es uno de las cuestiones que dificulta la legislación puesto que "no pueden competir" con las grandes y en algunos casos, si no cumplen con determinados requisitos, la Intervención no permite contratar con ellas.
Por lo que se refiere a la posibilidad de que las asociaciones de familias puedas entrar a gestionar los comedores escolares, ha señalado que es algo en lo que se trabaja pero ha advertido que "a veces no les sale rentable".
En relativo a las críticas porque Educación pueda primar en los contratos de comedor a las empresas que ofrecen un precio más bajo, Vera ha subrayado que este es un criterio que se ha cambiado con el nuevo de comedores escolares en el que se da preferencia a la compra de producto de proximidad y ecológico, por lo que conforme se extingan los contratos presentes se aplicarán estos criterios. De hecho en febrero está previsto licitar el contrato de los 35 colegios que ha dejado de prestar servicio Can Arabí que hasta ahora ha asumido la empresa Comensals.
