PALMA DE MALLORCA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, que ejercen la defensa del diputado del Grupo Mixto en el Parlament, Bartomeu Vicens, el presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, el presunto testaferro del primero, Alfredo Conde, y la mujer de éste, Elisabeth Diéguez, han solicitado el aplazamiento de las declaraciones que en calidad de imputados está previsto que efectúen el próximo 14 de diciembre, dentro de una pieza separada del caso Son Oms conocida como Operación Maquillaje.
En declaraciones a Europa Press, fuentes del despacho que defiende a los cuatro encausados explicaron que han solicitado la suspensión y nuevo señalamiento de sus interrogatorios para poder contar con un tiempo "razonable" para estudiar con detenimiento el voluminoso sumario y poder ejercitar así su derecho de defensa "con todas las garantías".
Asimismo, en su petición aluden a la "ingente" carga de trabajo que pesa sobre ellos así como a los numerosos señalamientos que tienen por delante relacionados con otras causas.
Además de las comparecencias de Vicens, Flaquer, Conde y Diéguez, el 16 esta prevista la declaración del hasta hoy conseller de Turismo, Miquel Nadal, y el 18 de la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, dentro de la pieza abierta el pasado 21 de octubre dentro del caso Son Oms, tras llevarse a cabo varios registros en organismos oficiales como el Consell, investiga el supuesto desvío de fondos públicos desde Televisió de Mallorca y Ona Mallorca hacia UM.
Respecto a Munar, cabe recordar que ya fue interrogada el pasado 16 de noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) como encausada en el caso Can Domenge, que investiga las presuntas irregularidades comentidas en torno al concurso convocado por el Consell de Mallorca para enajenar los terrenos palmesano y en el que también están imputados Nadal y Vicens.
Mientras tanto, el caso Son Oms investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono se cometieron delitos de alcance millonaria por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas mediante el cobro de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a suelo urbanizable.
El caso se desató después de que un empresario y propietario de una finca, Ángel Ochando, denunciara ante la Fiscalía que Vicens y Morales le exigieron comisiones de un 15 por ciento por un solar que iba a ser recalificado.
