Una víctima de la estafa inmobiliaria pidió explicaciones a la acusada y ésta le dio cheques sin fondo y se esfumó

La Policía detuvo a la familia en una gasolinera tras geolocalizarlos en Cádiz; estaban viviendo en el coche y utilizaban tarjetas prepago

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una de las víctimas de la estafa inmobiliaria múltiple que juzga esta semana la Audiencia Provincial ha contado este lunes, ante el Tribunal, que al empezar los problemas en la compra del piso por el que había pagado, pidió explicaciones a la principal acusada, y ésta le dio unos cheques que resultaron ser sin fondos, y luego se esfumó.

En el banquillo se sientan cuatro personas, tres de ellas miembros de una misma familia: una mujer, señalada como la líder del grupo que completan su marido y su hija; también se juzga a un hombre como supuesto colaborador, aunque la Fiscalía no lo acusa --sí una acusación particular--.

El montante defraudado supera el medio millón de euros y hay una quincena de víctimas en Mallorca. La familia acusada abandonó la isla y fue detenida en una zona de la provincia de Cádiz por la Policía Nacional, pero no se ha podido recuperar el dinero.

La primera de las víctimas que ha declarado en el juicio es el propietario de un restaurante en Son Gotleu, que conocía a la familia como clientes de su local. "Me dijo que trabajaba en una inmobiliaria y que estaba vendiendo pisos. Me enseñó unos 20 o 30 pisos, con llave y todo", ha declarado el testigo, que cerró un acuerdo con ella para comprar dos pisos por 55.000 euros en el barrio.

Pagó 27.500 euros en concepto de arras, pero llegada la fecha límite, la mujer le dijo que no podían firmar "porque la dueña estaba en el hospital", y realizaron una prórroga. "Después me encontré el piso con gente dentro haciendo una reforma", ha contado el denunciante, que a través de los obreros se enteró de que otra persona había comprado el piso directamente a la propietaria.

Al pedir explicaciones a la acusada, ésta intentaba "calmarle": "Me decía que estaban mirándolo", ha apuntado. Hasta que reconoció su coche en Son Gotleu y se paró detrás "muy enfadado" y exigiendo que le devolviera su dinero. Entonces la acusada le entregó dos cheques, pero resultaron ser sin fondos y el banco le cobró 600 euros por cada uno.

Después, fue imposible contactar con ella. La víctima hizo averiguaciones para localizar su domicilio, pero al acudir "no había nadie", y la mujer "tenía el móvil apagado".

ESTAFA INMOBILIARIA MÚLTIPLE

La acusada, una mujer de 41 años; su marido, de 51; y su hija, de 23, fueron detenidos en una gasolinera en la provincia de Cádiz tras ser geolocalizados por la Policía Nacional a través de la señal de los teléfonos móviles. Uno de los agentes ha explicado que estaban viviendo en el coche junto a otro miembro de la familia, menor de edad, y un perro.

La Fiscalía pide para cada uno de los miembros de la familia una condena de ocho años de prisión y multa de 8.760 euros por un delito de estafa agravada.

Los hechos se sitúan entre los años 2019 y 2021. La Fiscalía sostiene que, a través de una empresa domiciliada en Es Rafal Nou, ofrecieron a las víctimas la compra de inmuebles urbanos --principalmente viviendas-- a precios muy competitivos, sólo para quedarse las arras y depósitos sin tener realmente ninguna intención de ejecutar las operaciones. El importe defraudado alcanza los 543.800 euros.

Según informó en su momento la Policía, la principal investigada, que ejercía las labores de agente inmobiliaria, era una persona muy conocida en determinados barrios de Palma. Algunas de las víctimas son personas con pocos recursos económicos. Según los investigadores, la mujer ofrecía toda clase de excusas en relación a las cantidades que iba pidiendo en pagos sucesivos, supuestamente para formalizar hipotecas.

Agentes del grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional analizaron las cuentas bancarias de los presuntos estafadores y comprobaron que todo el dinero que habían ingresado se había extraído en efectivo, sin dejar rastro.

Los policías detuvieron a los sospechosos en una localidad de Cádiz cuando, al parecer, la familia planeaba desplazarse a otra región en breve. El matrimonio lleva desde entonces en prisión provisional.

Además de las responsabilidades individuales de los tres acusados, la Fiscalía solicita que se imponga a la mercantil una multa de tres millones de euros. Igualmente reclama que devuelvan a los perjudicados las cantidades defraudadas más intereses.