BRUSELAS, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Europeo y el Consejo se han fijado un nuevo plazo para cerrar un acuerdo que permita reformar la política migratoria común a más tardar en 2024, lo que les obliga a iniciar las conversaciones formales antes de que acabe este año.
"Creemos que combinando esfuerzos, la UE puede hacer progresos reales y cumplir antes de que acabe esta legislatura. Deberíamos ser capaces de presentar un nuevo marco legislativo para una de las áreas política más desafiantes", han indicado los colegisladores comunitarios en una declaración conjunta para anunciar su nueva 'hoja de ruta'.
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha aplaudido el compromiso entre instituciones porque "los ciudadanos esperan soluciones" en materia migratoria y "retrasar las decisiones no es una opción", ha dicho en un mensaje en las redes sociales.
La comisaria de Interior, Ylva Johansson, por su parte, ha destacado el "espíritu de cooperación" de las partes para establecer este nuevo calendario y ha dicho que tratará de "facilitar" que las conversaciones entre los Veintisiete y la Eurocámara empiecen este otoño.
La revisión de la política de migración y asilo de la Unión Europea está pendiente desde la llamada 'crisis de refugiados' de 2015 pero ha estado bloqueada por las diferencias entre los países que, como España, reclaman un reparto solidario de la carga de la acogida y otros, como Hungría y Polonia, que rechazan de plano dar asilo a migrantes que llegaron a suelo comunitario por otro Estados miembro.
El punto muerto en que se encontraban las negociaciones llevó a Bruselas a retirar su primera propuesta de reforma que incluía cuotas obligatorias por países para repartir la acogida de los demandantes de asilo y presentar en septiembre de 2020 un 'Pacto de Migración y Asilo'.
La nueva propuesta defiende la necesidad de un equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad en la gestión migratoria, así como reforzar el control de la frontera exterior y potenciar la cooperación con terceros países de salida o tránsito para favorecer las deportaciones de los migrantes llegados de manera irregular a la UE.
También aboga por distribuir la acogida entre los Estados miembro pero prevé mecanismos para que los socios que se nieguen a recibir demandantes de asilo cumplan con su "solidaridad obligatoria" con otras iniciativas, como el apoyo financiero a los países en primera línea de entrada.
