LIMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de Perú ha anunciado la apertura de una investigación preliminiar contra el fiscal general, Carlos Ramos Heredia, por supuestas irregularidades en el proceso disciplinario que inició contra el fiscal anticorrupción Luis Checa Matos y otros 12 magistrados por el caso Áncash.
El CNM ha dado un plazo de 10 días hábiles al jefe del Ministerio Público para que presente su escrito de descargo, acompañando los medios probatorios que estime oportunos, según han informado los medios de comunicación locales.
De esta forma, el CNM ha acogido la denuncia presentada por el congresista Modesto Julca Jara contra Ramos Heredia por, supuestamente, solicitar la destitución de Checa Matos e imponer medidas disciplinarias contra otros 12 magistrados.
Julca Jara argumentó que estas medidas eran una represalia por haber participado en el operativo para interceptar un vehículo del Gobierno de Áncash cargado con 300.000 nuevos soles (80.204 euros) para, al parecer, pagar a partidarios del ex presidente regional César Álvarez.
Ramos Heredia ha aclarado que "está sujeto a todo tipo de investigaciones y a colaborar con las instituciones que las inicien". "Quien trabaja tiene que enfrentar también un coste, que son las denuncias de personas que no están de acuerdo", ha dicho a RPP.
El fiscal general ha explicado que no solicitó la destitución de Checa Matos, sino que simplemente intervino en primera instancia a favor de esta medida disciplinaria. "En segunda instancia no intervine", ha aclarado.
"Cuando el proceso se ve en base a una apelación es que yo no puedo intervenir, porque hice la investigación y las sanciones fueron impuestas por la Junta de Fiscales Supremos, en las cuales obviamente yo no podía intervenir", ha dicho sobre los otros 12 magistrados.
La investigación preliminar contra Ramos Heredia podría afectar también al Gobierno de Ollanta Humala, ya que el fiscal general es primo de la primera dama, Nadine Heredia, a la que ya se ha acusado en numerosas ocasiones de interferir en la política nacional.
CASO ÁNCASH
El pasado mes de junio, la Justicia peruana impuso a Álvarez tres años de prisión preventiva mientras concluye la investigación judicial en su contra por liderar una cúpula criminal encargada de "eliminar y silenciar a sus opositores" políticos y por agenciarse de importantes sumas de dinero público.
Según el Tercer Juzgado Penal Nacional, la muerte de Ezequiel Nolasco, candidato al Gobierno regional y uno de los más férreos opositores a Álvarez, "es uno más de los asesinatos que se cometieron en Áncash".
Álvarez fue señalado en varias ocasiones como autor intelectual del asesinato de nueve opositores políticos desde que asumió la Presidencia de Áncash, en 2007, pero siempre consiguió salir indemne, hasta la muerte de Nolasco, lo que motivó que se instase a reabrir estos casos.
Sin embargo, Álvarez no sería el único cargo público implicado en este escándalo de homicidios y corrupción política, que inculpa a otras 27 personas más. Su mano derecha, el alcalde de la provincia del Santa, Luis Arroyo Rojas, sería otro de los cabecillas de esta asociación criminal forjada desde el movimiento regional Cuenta Conmigo, que desde 2007 dirige Áncash.
