LONDRES, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente afgano, Hamid Karzai, se niega a firmar las órdenes de arresto contra dos ministros de su actual gabinete pese a que el fiscal general del país, Mohamed Ishaq Aloko, cuenta con pruebas suficientes para imputarles por malversación de fondos y fraude y llevarles a juicio, según informa este lunes en su edición electrónica el diario 'The Times'.
"Tenemos imputaciones con pruebas suficientes contra cinco ministros", indicó el fiscal general, precisando que "dos de ellos están en el actual gabinete y tres son ex ministros". "El presidente sólo tiene que dar su aprobación y entonces se puede proceder con los juicios", explicó.
Aunque en su toma de posesión la semana pasada Karzai prometió que en su segundo mandato combatirá la corrupción en el país, incluido en el seno del Gobierno, según indicó a 'The Times' el vicefiscal general, Fazel Ahmad Faqiryar, Karzai no ha levantado aún la inmunidad ministerial a los dos miembros de su gabinete. "Todavía no hemos recibido ninguna garantía del presidente para detener a los ministros", afirmó.
Ninguno de los dos fiscales quiso identificar a los ministros que están siendo investigados dado que la legislación afgana impide que se dé el nombre de los sospechosos hasta que sus condenas sean confirmadas por el Tribunal Supremo.
Sin embargo, Faqiryar sí confirmó que el Ministerio del Haj --la peregrinación anual musulmana a La Meca-- está siendo investigado por recibir más de 250.000 dólares en sobornos relacionados con la reciente peregrinación a la ciudad santa para el Islam.
"Dos miembros del personal fueron a La Meca y alquilaron alojamiento para los peregrinos afganos y recibieron un soborno de 360.000 dólares", indicó el vicefiscal. "Puede que personas de alto rango del Ministerio también estuvieran implicadas", agregó. Por su parte, el ministro de este departamento, Sadiq Chakari, confirmó que dos de sus funcionarios están siendo investigados.
Por otra parte, Faqiryar negó que el segundo ministro investigado sea el titular de Minas, Muhamad Ibrahim Adel, al que se acusaría de recibir 30 millones de dólares a cambio de los derechos de explotación de las regiones con mayores reservas de cobre. "No hay aún ninguna prueba contra Adel", aseguró el vicefiscal.
