MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha reclamado una investigación independiente y la suspensión de la transferencia de cierto tipo de armas a la coalición liderada por Arabia Saudí ante las "pruebas concluyentes de crímenes de guerra" que estarían cometiendo en sus bombardeos en Yemen.
En su informe 'Las bombas caen del cielo día y noche', Amnistía examina trece bombardeos aéreos por parte de la coalición en Saada, en el noreste del país, en los que murieron un centenar de civiles, incluidos 59 menores de edad.
El informe documenta, además, el empleo de bombas de racimo, que están prohibidas por la legislación internacional. "Este informe descubre todavía más pruebas de los ilegales ataques aéreos llevados a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudí, algunos de los cuales pueden ser considerados crímenes de guerra. Demuestra con detalles desgarradores lo crucial que es impedir que se sigan usando armas para cometer graves violaciones de este tipo", ha afirmado Donatella Rovera, la consejera de Respuesta frente a Crisis de Amnistía Internacional que ha dirigido la misión de investigación enviada a Yemen.
En su opinión, "Estados Unidos y otros países que han exportado armas a cualquiera de las partes del conflicto en Yemen tienen una responsabilidad para garantizar que las transferencias de armas que autorizan no facilitan graves violaciones de la legislación humanitaria".
Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento para que se deje de enviar a los bandos enfrentados en Yemen armas como las bombas MK 80 y otras bombas de propósito, cazas, helicópteros de combates y los componentes asociados a estas aeronaves.
La organización no gubernamental ha denunciado que han muerto "más civiles" por los ataques de la coalición militar saudí que "por cualquier otra causa" durante el conflicto que vive el país. "La ciudad de Sada ha sufrido más destrucción por los ataques de la coalición que cualquier otra ciudad del país", ha asegurado.
En su informe, Amnistía Internacional ha denunciado que la coalición liderada por Arabia Saudí ha empleado un patrón que ignora totalmente la protección de las vidas de los civiles al declarar todo el territorio de las ciudades de Sada y Marran como objetivos militares, "violando la legislación internacional".
En este sentido, ha dicho que al menos cuatro ataques aéreos de la coalición investigados por Amnistían alcanzaron a viviendas "más de una vez", lo que sugeriría que esos inmuebles eran "objetivos" a pesar de que no existían pruebas de que "estaban siendo utilizados para fines militares".
"La designación de grandes zonas densamente pobladas como objetivos militares y el hecho de atacar repetidamente viviendas de civiles son claros ejemplos que revelan los fallos flagrantes de las fuerzas de la coalición a la hora de tomar las suficientes precauciones para evitar las pérdidas de vidas civiles como exige la legislación internacional", ha afirmado Donatella Rovera.
En cifras totales, la coalición ha matado a al menos 59 niños en trece ataques aéreos en la región de Sada entre mayo y julio de 2015, "muchos de ellos cuando estaban jugando fuera de sus hogares, otros cuando estaban durmiendo", según las estimaciones de Amnistía Internacional.
En uno de los ataques aéreos, registrado el 13 de junio de 2015 y que alcanzó una vivienda en el valle de Dammaj en Al Safra, las fuerzas de la coalición mataron a ocho niños y dos mujeres de la misma familia y dejaron a otros siete familiares heridos.
"Había 19 personas en la casa cuando fue bombardeada. Todos menos uno eran mujeres y niños. Los niños que normalmente habrían estado fuera durante el día estaban dentro porque era la hora de comer. Todos murieron o resultaron heridos. Uno de los muertos era un bebé de doce días", ha asegurado Abdulá Ahmed Yahya al Sailami, que también perdió a su hijo de un año en el bombardeo.
En los escombros de la vivienda se ha encontrado el cadáver de otro bebé de un año que todavía tenía el chupete en la boca. Los investigadores de Amnistía Internacional solo encontraron objetos propios de una vivienda cuando analizaron los escombros, artículos como muñecos, libros y utensilios de cocina. "No se pudo encontrar ningún indicio de armas o artículos militares ni ninguna otra prueba que sugiera que la casa fuera un objetivo militar legítimo", ha subrayado la ONG.
LOS INVESTIGADORES ENCUENTRAN BOMBAS DE RACIMO
Los investigadores de Amnistía Internacional también encontraron durante su estancia en Yemen dos tipos de bombas de racimo, las submuniciones BLU-97 y la bomba portadora CBU-97 y la bomba CBU-105, más sofisticada. Las bombas de racimo, que están prohibidas por la legislación internacional, dispersan decenas de submuniciones en una amplia zona, aumentando el riesgo de víctimas civiles, especialmente por las submuniciones que no estallan al caer y quedan activas.
Mohammed Hamood al-Wabash, de 13 años, sufrió múltiples fracturas en su pierna izquierda tras pisar una submunición que no había estallado. Amnistía Internacional ha emplazado a los miembros de la coalición que dirige Arabia Saudí a dejar de emplear bombas de racimo "de inmediato" y a detener la exportación de estas municiones.
La ONG ha lamentado que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no vaya a investigar los abusos cometidos en Yemen y la pasividad de la comunidad internacional ante la grave situación que vive la población civil yemení. "La indiferencia del mundo ante el sufrimiento de los civiles yemeníes en este conflicto es impactante. El fracaso del Consejo de Derechos Humanos la semana pasada a la hora de lanzar una investigación internacional sobre las violaciones cometidas por todos los bandos es lo último de una serie de fallos de la comunidad internacional al afrontar la total impunidad de los autores de las graves violaciones en Yemen", ha asegurado Donatella Rovera.
"La falta de rendición de cuentas ha contribuido a empeorar la crisis y si los autores no creen que vayan a ser llevados ante la justicia por sus delitos, los civiles continuarán sufriendo las consecuencias", ha advertido.
Por ello, Amnistía ha pedido la puesta en marcha de una investigación internacional por medio de una resolución de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por decisión del secretario general o del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUR).
