ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La juez de instrucción Maria Àngels Moreno Aguirre habría controlado las llamadas recibidas y realizadas por teléfonos de periodistas y altos cargos de dos medios de comunicación de Andorra en el marco de una investigación sobre posibles filtraciones de la Fiscalía.
Según el 'Diari d'Andorra' habrían intervenido al menos los teléfonos del redactor jefe, Toni Solanelles, y del subdirector, Ricard Poy. El ministro de Justicia e Interior, Josep Maria Cabanes, quiso hacer ningún tipo de declaración sobre el tema.
La juez Maria Àngels Moreno pudo acceder el pasado mes de enero al registro de llamadas que realizaba y recibía el redactor jefe del mismo rotativo. La acción se hizo a petición del área de Policía criminal, después de tener sospechas de que algunas de las informaciones que publicaba el 'Diari d'Andorra' provenían de filtraciones hechas desde la Fiscalía y el mismo Tribunal de Instrucción (Batllia), cosa que incurriría en un presunto delito de revelación de secreto profesional por parte de funcionarios públicos.
"NO HA HABIDO ESCUCHAS"
El director del 'Diari d'Andorra', Toni Farrero, explicó que "después de días de investigación hemos constatado que el teléfono del redactor jefe estaba intervenido por orden la Policía" y añadió que "no ha habido escuchas, únicamente un listado del registro de llamadas recibidas al teléfono del periodista".
Farrero declaró "que nuestra voluntad es que el caso sirva de bandera para determinar si es una actuación aislada realizada por la juez Maria Àngels Moreno, o bien se trata de una práctica generalizada".
Fuentes cercanas al caso, apuntan a que la lista de periodistas controlados afectaría a más profesionales de otros medios de comunicación del país.
Esta misma mañana, los dos afectados, Toni Solanelles y Ricard Poy, acompañados de su abogado, acudieron al Juzgado para presentarse como parte afectada y de esta manera tener acceso a las diligencias del caso. Según el rotativo, el caso estaría archivado debido a la presión que habrían hecho miembros de la misma Fiscalía y del Juzgado después de conocer las intervenciones.
El ministro de Justicia e Interior, Josep Maria Cabanes, leyó un comunicado explicando que "se trata de una cuestión judicial en la que el Gobierno no tiene nada que ver. Debemos respetar la separación de poderes y no contestaré, por tanto, ninguna pregunta al respeto de este caso". Cabanes agregó que "los políticos no podemos interferir en la justicia ni en la policía criminal que depende de la justicia. Debemos respetar su independencia y su autonomía".
