En 2007 se alcanzaron los 932 millones de euros en ventas de armas españolas, un 10,4 por ciento más que el año anterior
MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y la Fundació per la Pau denunciaron hoy que el Gobierno español vendió armas el año pasado a países en los que se violan los Derechos Humanos, como Colombia, Pakistán, Israel y Marruecos, y pidieron al Ejecutivo que aplique "de forma correcta" la ley sobre el control del comercio de armas y material de doble uso, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2007, "para poner fin al enorme coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas".
Las estadísticas oficiales de las exportaciones españolas de material de defensa y de doble uso de 2007, que el Gobierno español ha remitido recientemente al Congreso de los Diputados, "confirman la tendencia al alza en la venta de armas españolas al extranjero", afirmaron las ONG en un comunicado. "En 2007 se alcanzaron los 932 millones de euros, un 10,4 por ciento más que el año anterior", prosiguieron.
Aunque estas estadísticas contienen operaciones realizadas con anterioridad a la aprobación de la Ley de comercio exterior de material de defensa y doble uso, "sus datos no son un buen punto de partida, ya que ponen de relieve que España sigue vendiendo armas a países en los que hay un riesgo real de que contribuirán a la violación de los Derechos Humanos, a la perpetuación de los conflictos armados y al deterioro de su desarrollo sostenible", manifestaron las organizaciones.
"Además, estas transferencias ponen de manifiesto que el Gobierno español sigue sin cumplir de forma estricta el Código de Conducta de la Unión Europea, lo que exige sin más demora el control efectivo del comercio de armas", advirtieron.
"Para las organizaciones, la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso aprobada por el Parlamento español en diciembre de 2007 es un paso adelante importante que tiene que traducirse en mayor control para poner fin al enorme coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas", señalaron las ONG firmantes.
En este sentido, las organizaciones recordaron "que la Ley obliga al Gobierno a denegar transferencias que vulneren los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea y a tener en cuenta los informes de organismos internacionales como Naciones Unidas u otros para valorar la situación de los Derechos Humanos, estabilidad o riesgo de conflictos del país de destino antes de decidir sobre una exportación".
COLOMBIA, MARRUECOS, PAKISTÁN E ISRAEL
Las cuatro organizaciones denuncian las ventas de armas a Colombia por valor de más de 15 millones de euros en 2007. Según la información que el Gobierno ha facilitado a la ONU, la mayoría de este total podría corresponder a la venta de 13 carros lanza obuses para el Ejército colombiano.
"El Gobierno sigue sin aclarar los criterios que utiliza para autorizar este tipo de armas a un país sumido desde hace décadas en un conflicto armado caracterizado por las violaciones graves y sistemáticas de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores implicados en el conflicto", indicaron.
Con respecto a Marruecos, "país que tiene un contencioso territorial no resuelto", afirmaron, "si bien el Gobierno informa de la venta de 20 vehículos todo terreno por valor de 1,8 millones de euros, no proporciona información detalladas sobre los nueve millones de euros que se han vendido bajo la descripción de la categoría 4 'bombas, torpedos, cohetes y misiles'".
Asimismo, España vendió en 2007 a Marruecos productos conceptuados como 'otro material' "cuyo usuario final es la Policía". "Los últimos acontecimientos en la ciudad de Sidi Ifni, donde el uso de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir con la ley será objeto de una investigación parlamentaria, demuestra, una vez más, la necesidad de controlar este tipo de transferencias y de denegarlas si hay informes fundamentados de que este material será usado para torturas u otro tipo de malos tratos, o contribuirá a la represión interna en el país", advirtieron.
Por otra parte, las ONG consideraron "preocupantes" las ventas a Pakistán por valor de 970.000 euros "dado el recorte de derechos y libertades y represión por parte de las fuerzas de seguridad en el país el año pasado". En Israel, al que se han vendido 1,5 millones de euros en armas, "no existe ninguna garantía de que el material vendido no contribuirá a más violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario", manifestaron.
Las organizaciones denunciaron también que respecto a las ventas de material y tecnologías de doble uso, "entre las operaciones ya realizadas y otras en fase de autorización", figuran países destinatarios como Irán, China, Israel o Birmania. Sobre este último país, recordaron, "hay una recomendación de embargo de la propia Unión Europea".
"Una vez más, la falta de detalle en algunas de estas operaciones no permite saber qué se ha vendido o autorizado exactamente", lamentaron las ONG, que calificaron de "insuficientes" los "tímidos avances" registrados en cuanto a la transparencia sobre este tipo de operaciones.
