CARACAS, 4 Ago. (EDIZIONES) -
La Asamblea Constituyente impulsada por el Gobierno de Nicolás Maduro ha quedado constituida este viernes, a pesar de las críticas lanzadas desde dentro y fuera de Venezuela por el proceso que ha llevado hasta su creación y por los poderes que tendrá para modificar a su antojo el Estado.
¿QUÉ ES?
Se trata de un órgano creado por la Constitución vigente, promulgada en 1999 por el fallecido Hugo Chávez, de la que el oficialismo ha hecho gala en los últimos 16 años porque, tal como fue descrita por el líder 'bolivariano', "es una de las mejores del mundo" por "estar blindada" frente a "cualquier capricho personal".
Está regulada en el Capítulo III, el último de la Carta Magna, en cuatro artículos que la definen como un 'suprapoder', ya que los poderes preexistentes --el Parlamento, el Gobierno, la Judicatura y la Fiscalía, y el Consejo Nacional Electoral (CNE)-- "no podrán en forma alguna" oponerse a sus decisiones.
El objetivo fijado es "transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución", que el presidente no podrá vetar y que el pueblo tiene la obligación de obedecer y defender, incluso por encima de "cualquier autoridad" que la contraríe.
Su sede física es el Salón Elíptico del Palacio Legislativo, que alberga también la Asamblea Nacional, de modo que ambas cámaras tendrán que convivir, a pesar del declarado rechazo que se profesan mutuamente y que en el pasado ya ha dado lugar a enfrentamientos entre partidarios del Gobierno y la oposición dentro del hemiciclo.
¿QUÉ PRETENDE MADURO?
Maduro ha explicado que la Asamblea Constituyente tiene "la finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, en las que severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos se ciernen sobre el orden constitucional".
Plantea la Asamblea Constituyente como la salida a la crisis que atraviesa Venezuela desde hace años y que se agravó el pasado marzo con unas polémicas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojaron de sus poderes al Parlamento --controlado por la Mesa de Unidad Democrática (MUD)--, lo que desencadenó una serie de manifestaciones que han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando más de cien muertos y miles de detenidos.
La meta, ha indicado Maduro, es "una reorganización del Estado que recupere el principio constitucional de cooperación entre los poderes públicos", tras una etapa marcada por el enfrentamiento constante entre el Gobierno y el Parlamento que el TSJ ha dirimido siempre a favor del Palacio de Miraflores, hasta el punto de declarar en "desacato" a los actuales diputados.
La coalición opositora, en cambio, ha alertado de que el verdadero propósito de Maduro es recuperar el poder absoluto que el 'chavismo' perdió, después de 14 años de hegemonía, en las elecciones parlamentarias de 2015, no solo porque confeccionará una Constitución a su medida, sino porque la Asamblea Constituyente se situará por encima de los demás poderes.
"En el oficialismo les interesa tener un órgano de poder supranacional que les permita por fin gobernar sin restricciones bajo un manto de supuesta legalidad. Esta sería la dictadura, no de un individuo, sino de un grupo, una mafia. Ahí es donde quieren llegar", ha dicho Jesús 'Chúo' Torrealba, ex secretario ejecutivo de la MUD, en declaraciones a Europa Press.
¿CÓMO SE HA ELEGIDO?
Maduro anunció el 1 de mayo la convocatoria de una Asamblea Constituyente sin referéndum --en contra de lo que hizo Chávez hace 18 años--, dando así el pistolezado de salida de un proceso que derivó en unas elecciones celebradas en diferido entre el 30 de julio y el 1 de agosto y que, en algunos casos, tendrán que repetirse.
Este anuncio en sí mismo ha sido polémico. Si bien la Constitución establece que "la iniciativa de convocatoria podrá tomarla el presidente", entre otros altos cargos e instituciones, señala que el pueblo, "como depositario del poder constituyente originario", es quien "puede convocar".
La MUD y la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, sostienen que esta convocatoria es inconstitucional porque la decisión de Maduro debería ser refrendada por los venezolanos, pero el oficialismo se agarra a la ambigüedad de la Carta Magna para evitarlo.
¿QUIÉNES SON SUS MIEMBROS?
Está formada por 545 escaños que no se han repartido en base a las circunscripciones electorales habituales, sino que están distribuidos por territorios y sectores. Con ello, los electores debían emitir dos votos, uno por territorio y otro por sector, excepto aquellos que no estaban representados en los sectores, que solo tuvieron uno.
El 30 de julio fueron elegidos 537 miembros: 364 de carácter territorial y 173 elegidos de entre determinados sectores sociales --trabajadores (79), pensionistas (28), representantes comunales (24), estudiantes (24), campesinos (8), empresarios (5) y personas discapacitadas (5)--.
A ellos se sumaron el 1 de agosto los ocho representantes indígenas, que fueron elegidos en unas "asambleas generales" celebradas conforme a las costumbres ancestrales de las comunidades originarias.
Sin embargo, el CNE ha anunciado que las elecciones en los municipios de Miranda y Francisco de Miranda tendrán que repetirse porque, de acuerdo con su versión, los disturbios durante la jornada electoral impidieron la afluencia normal a las urnas.
La MUD ha denunciado que las nuevas circunscripciones electorales favorecían el dominio oficialista de la Asamblea Constituyente porque toman como referencia el municipio, sin tener en cuenta la cantidad de habitantes, lo que beneficia a las zonas rurales, tradicionalmente 'chavistas', frente a los núcleos urbanos; y porque los sectores elegidos son la base popular del Gobierno de Maduro.
¿CUÁL FUE EL RESULTADO?
La clave de estos comicios era la participación porque la MUD no presentó candidatos para boicotear el proceso electoral, por considerar que es un "fraude" para perpetuar a Maduro en la Jefatura del Estado.
El CNE ha asegurado que se emitieron más de ocho millones de votos, lo que superaría los buenos resultados de la MUD en las parlamentarias de 2015 y del propio Maduro en 2013. La oposición, en cambio, sostiene que solo participaron unos 2,4 millones de personas.
Smartmatic, empresa que se encarga del sistema de voto que hay en Venezuela, ha revelado que el resultado "fue manipulado". "Estimamos que la diferencia entre la participación real y la anunciada por las autoridades venezolanas es de al menos un millón de votos", dijo el CEO de Smartmatic, Antonio Mugica.
El Parlamento ha aprobado por unanimidad pedir al Ministerio Público que abra una investigación penal por un delito electoral. La fiscal general, que hace meses se desmarcó del Palacio de Miraflores, ha accedido. "Pedimos que se haga una auditoría con expertos nacionales e internacionales", ha reclamado Ortega Díaz.
RECHAZO INTERNACIONAL
La crítica interna ha tenido eco en la comunidad internacional, especialmente en el ámbito regional, donde la mayoría de los países han anunciado que no reconocerán la Asamblea Constituyente. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han convocado reuniones que auguran sanciones contra Venezuela.
Estados Unidos tampoco reconocerá la Asamblea Constituyente --"producto ilegítimo provocado por un proceso defectuoso"-- y no ha descartado medidas punitivas adicionales a las adoptadas contra Maduro y su círculo más cercano por violación de los Derechos Humanos y narcotráfico.
La UE se ha sumado también al rechazo. Pero mientras España aboga por consensuar "medidas restrictivas" contra el Gobierno de Maduro --no contra Venezuela--, Francia se niega a adoptar sanciones contra el Palacio de Miraflores para no frustrar una eventual mediación entre las partes.
