LA PAZ, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La crisis política que sufre Bolivia alcanzó ayer extremos nunca vistos cuando una de las regiones nombró a una gobernadora paralela y el Senado Nacional instó a las instituciones a no acatar tres leyes promulgadas por el gobierno, lo que ha derivado en el sistemático desacato de las leyes, tanto por parte de oficialistas como de opositores, según explicó hoy la BBC en su edición digital.
Además, se produjeron enfrentamientos entre centenares de civiles en La Paz, entre los que apoyan al presidente, Evo Morales, y los que se oponen a su gestión. Por otra parte, en el departamento de Chuquisaca, un gran número de ciudadanos no reconoció al prefecto (gobernador) nombrado por Morales y designó en el cargo de forma interina a Sabina Cuellar.
Por su parte, el Gobierno, a través del viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, tampoco quiso reconocer el nombramiento de la prefecta paralela y adelantó que congelará las cuentas de ese departamento.
De acuerdo a ley, los prefectos se eligen por voto directo y luego son oficialmente designados por el presidente de la República. Chuquisaca tiene como capital a Sucre que, a su vez, es la capital histórica de Bolivia y cuya principal demanda es convertirse también en la sede de los poderes del Estado, que ahora funcionan en La Paz.
REGIONES OPOSITORAS A MORALES
Además, el cabildo de Chuquisaca convocó a elección de prefecto titular para el 27 de abril, fecha en la que también pretende hacer un referendo para consultar si sus ciudadanos quieren la autonomía. Antes, el Gobierno había convocó la elección de prefecto de Chuquisaca para el 29 de junio, fecha que fue rechazada por los dirigentes de la región.
Con las decisiones tomadas en el cabildo de este jueves, Chuquisaca se unió oficialmente a otras cuatro regiones opositoras del país, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que organizan para el 27 de abril referendos locales, que tienen como fin validar sus estatutos autonómicos y, de esa manera, no reconocer la Constitución que impulsa el Gobierno.
NO ACATAMIENTO DE LAS LEYES
Por otro lado, en el Senado, controlado por la oposición, continuó el desacato a las leyes y aprobó una resolución recomendando a las instituciones del país "la inobservancia de tres leyes". Esas tres leyes, que fueron aprobadas sólo por el oficialismo, convocan a dos referendos nacionales para el 4 de mayo, con la finalidad de validar la Constitución aprobada previamente por la Asamblea Constituyente.
La sesión en la que se aprobaron esas leyes se realizó con un cerco de campesinos y mineros que impidieron el ingreso de los parlamentarios opositores. Los opositores denunciaron que, en esa ocasión, los legisladores de Evo Morales violaron las leyes y el reglamento parlamentario al impedir el ingreso de los opositores y al forzar un quórum para aprobar las leyes.
Ante esa situación, las regiones de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando decidieron declararse autónomas, redactaron sus estatutos y ahora preparan referendos locales para validarlos. Todas esas decisiones son rechazadas por el Gobierno con el argumento de que violan la Constitución y las leyes.
Esos referendos locales debían realizarse el 4 de mayo, la misma fecha en que se llevarán a cabo los referendos convocados por el gobierno, pero los prefectos de las regiones decidieron adelantar sus consultas por una semana, es decir, se realizarán el 27 de abril.
CAOS INSTITUCIONAL
En medio de este caos institucional, los que podrían ser los árbitros, la Justicia y el organismo electoral, se cuestionan. El Tribunal Constitucional está prácticamente paralizado, porque casi todos sus miembros renunciaron ante las presiones del Gobierno. Sólo queda un magistrado.
Mientras, la Corte Nacional Electoral, encargada de organizar los referendos, está cuestionada y dividida. Las cortes regionales están organizando los referendos locales, lo que aún no es aceptado por la Corte Nacional.
