BRUSELAS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha subrayado de nuevo este lunes el derecho de los ciudadanos europeos a la libertad de circulación dentro de la Unión Europea, tras las quejas de gobiernos como el británico, que aseguran que ciudadanos de otros Estados miembros abusan de sus servicios sociales; si bien ha ofrecido a estos gobiernos una serie de recomendaciones con las que "evitar abusos" al tiempo que garantizan el cumplimiento de estos derechos.
"La libre circulación es un derecho fundamental y constituye el núcleo de la ciudadanía de la Unión Europea", ha advertido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de Justicia, Viviane Reding, para quien el plan propuesto por Bruselas ofrece las herramientas para que los países con "preocupaciones" por el flujo de movilidad detecten posibles fraudes y los combatan. "Los abusos debilitan la libre circulación", ha añadido.
El objetivo de la Comisión es trabajar conjuntamente con los Estados miembros, según ha señalado en una rueda de prensa el portavoz de Reding, Jonathan Todd, quien ha aclarado que el objetivo primero de esta iniciativa es responder a "problemas locales" de municipios con mayor presión migratoria de ciudadanos de la UE.
Con todo, y pese a que varios países, entre ellos Alemania y Reino Unido, pidieron el pasado verano restringir la libertad de movimiento en la UE por supuestos abusos en la Seguridad Social, Todd ha subrayado que se trata de un derecho que está en los Tratados europeos "desde el principio" y que "ningún Estado miembro ha pedido modificar las reglas".
La propuesta comunitaria, que será remitida al Consejo y a la Eurocámara, establece cinco claves para proteger los derechos de los ciudadanos, al tiempo que se evitan los abusos, entre ellas un manual para detectar y combatir los matrimonios de conveniencia. Entre las ideas de Bruselas figura un mejor uso del Fondo Social Europeo para la integración social, un reto para el que los países tendrán que destinar al menos un 20 % de su partida del fondo social a partir de enero de 2014.
También prepara una guía para finales de año para "aclarar" la llamada 'prueba de residencia habitual', con la que se garantiza que un europeo que no ejerce actividad profesional en otro Estado miembro "sólo puede tener acceso en él a la seguridad social si ha trasladado verdaderamente su centro de interés", por ejemplo, porque su familia reside allí.
Más de 14 millones de ciudadanos de la UE residen en un Estado miembro que no es el propio, según Bruselas, que ve esta tendencia como "estímulo para el crecimiento de la economía".
Además, la Comisión recuerda que las leyes comunitarias ya prevén "salvaguardas" para que los gobiernos combatan el riesgo de abusos y apunta que el porcentaje de europeos migrantes que reciben prestaciones sociales en el país de acogida es "relativamente bajo" y que "es más probable que desempeñen una actividad económica y se acojan menos a la protección social que los nacionales".
