SRINAGAR (INDIA), 6 Ago. (Reuters/EP) -
El estado de Jammu y Cachemira vive este martes su segundo día sin televisión, teléfono e Internet, después de que las autoridades indias estableciesen un bloqueo total por motivos de seguridad que ha derivado también en la derogación del estatus especial del que venía gozando históricamente esta región dentro del país asiático.
El Gobierno central anunció el lunes la derogación del artículo que permitía a Jammu y Cachemira elaborar sus propias leyes, horas después de un bloqueo en las comunicaciones sin precedentes y del arresto de varios líderes locales, entre ellos dos antiguos ministros principales del estado.
Este apagón, así como el envío de decenas de miles de militares adicionales, ha contribuido a que la situación esté en calma, al menos por ahora. "Podríamos ver un estallido cuando la guardia esté baja", ha advertido el líder del Movimiento Popular de Jammu y Cachemira, Shah Faesal, quien ha catalogado las últimas medidas de "acto de humillación".
Las fuerzas de seguridad lanzaron el lunes gases lacrimógenos y pelotas de goma para dispersas algunas protestas esporádicas en la principal ciudad cachemir, Srinagar, según un policía que ha pedido no ser identificado. "Hubo lanzamientos de piedras en algunas zonas", ha explicado.
El despliegue policial es visible, con agentes armados apostados cada varios cientos de metros para aplicar, por ejemplo, la medida que impide reuniones de más de cuatro personas en lugares públicos. También permanecen cerrados la mayoría de centros educativos y tiendas en barrios residenciales de la ciudad.
PREOCUPACIÓN DE HRW
Las tensiones se han disparado desde el viernes, después de que las autoridades indias alertasen de posibles ataques en la zona fruto de la actividad de milicias con base en Pakistán. El aviso se tradujo en la huida inmediata de miles de personas durante el fin de semana.
La directora para Asia de Human Rights Watch (HRW), Meenakshi Ganguly, ha subrayado en un comunicado que, aunque "el Gobierno (indio) tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad en Cachemira", también debe "respetar los Derechos Humanos de todos, incluidos los manifestantes". Por este motivo, ha lamentado el "mal comienzo" que supone la detención de líderes políticos, el veto a las manifestaciones y el cierre de los principales canales de comunicación.
