OTTAWA, 8 Feb. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Canadá ha ordenado revisar el acuerdo que firmó el martes para la venta de 16 helicópteros militares a Filipinas ante la sospecha de que las aeronaves sean utilizadas para misiones contra milicianos rebeldes y en el marco de la guerra contra las drogas.
El ministro de Comercio canadiense, François-Philippe Champagne, ha declarado que ambos Ejecutivos alcanzaron dicho acuerdo en 2012 y que se sobreentendía que los helicópteros iban a ser usados en misiones de búsqueda y rescate.
Sin embargo, el general de División de Filipinas Restituto Padilla, jefe de Planeamiento de las Fuerzas Armadas filipinas, dijo el martes a Reuters que los helicópteros iban a ser utilizados en las operaciones militares de seguridad interior.
Padilla añadió que los aparatos también podrían ser usados en misiones de búsqueda y rescate y de ayuda para catástrofes. "Cuando vimos esa declaración... comenzamos una revisión del acuerdo con las autoridades pertinentes. Comprobaremos de nuevo los datos y tomaremos la decisión adecuada", ha manifestado Champagne ante la prensa.
El secretario de Defensa de Filipinas, Delfin Lorenzana, expresó su desconcierto ante la noticia de que Canadá va a revisar el acuerdo. En un comunicado, Lorenzana aclaró que los helicópteros serán utilizados principalmente para el transporte y el abastecimiento, el traslado de militares heridos, la ayuda humanitaria y la respuesta ante catástrofes.
"No serán usados para llevar a cabo misiones de ataque o de apoyo a operaciones aéreas. Puede que sean utilizados como apoyo de las operaciones de seguridad interior... pero su papel se limitará a las actividades que he mencionado", insistió el ministro. "Si el Gobierno canadiense opta por no vendernos los helicópteros, los conseguiremos por otras vías", ha dejado claro.
De seguir adelante con el acuerdo, los helicópteros Bell 412EPI llegarán a Filipinas a principios de 2019, mientras el Ejército filipino se prepara para incrementar su campaña contra los rebeldes islamistas y comunistas.
REGULACIONES CLARAS
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha dicho estar "absolutamente" preocupado por la posibilidad de que los helicópteros canadienses puedan ser usados contra ciudadanos filipinos.
En un evento en la Universidad de Chicago, el mandatario ha aclarado que Canadá tiene regulaciones muy claras sobre a quién puede vender armas y cómo se pueden utilizar. "Vamos a asegurarnos de que este y otros acuerdos que alcancemos se hacen siguiendo las reglas que el Ejecutivo canadiense tiene que seguir", ha agregado Trudeau.
En noviembre, el presidente filipino, Rodrigo Duterte, criticó a Trudeau públicamente en una cumbre regional en Manila por expresar su preocupación por la guerra contra las drogas en Filipinas. Duterte describió la declaración de Trudeau como un "insulto oficial" y añadió que "no le gustaría tener que responder a ninguna otra estupidez, sobre todo si proviene de extranjeros".
Casi 4.000 filipinos han muerto durante la campaña contra las drogas que las autoridades filipinas lanzaron en junio de 2016. Grupos defensores de los Derechos Humanos han acusado a la Policía de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, manipular las escenas de los crímenes y falsificar los informes, cargos que las autoridades niegan. "Los Derechos Humanos son un elemento esencial de nuestra política exterior y comercial", ha recalcado Champagne, ministro canadiense de Comercio.
En 2016, el Gobierno de Trudeau recibió críticas por hacer efectivo un acuerdo para la venta de vehículos blindados a Arabia Saudí a pesar de la preocupación en torno al respeto de los Derechos Humanos en el país. Como ha sucedido con el acuerdo de venta de helicópteros con Filipinas, el pacto con Arabia Saudí se había negociado durante la administración previa a la del primer ministro actual, marcadamente conservadora.
El portavoz del Ministerio de Defensa de Filipinas, Arsenio Andolong, ha declarado que es injusto "equiparar operaciones de seguridad interior en general con violaciones de los Derechos Humanos" o emitir juicios de valor con respecto al Ejército cuando las acusaciones no han sido comprobadas.
