BRUSELAS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
España tiene una "insuficiente" capacidad analítica para garantizar la coherencia y efectividad de sus distintas políticas a favor del desarrollo y contra la pobreza, según advierte la Comisión Europea en un informe publicado este lunes sobre los progresos para avanzar en dicha coordinación a nivel de las políticas de la UE y de los estados miembro.
La Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) ha sido consagrada en el Tratado de Lisboa para avanzar en este terreno, donde la UE ha asumido el liderazgo a nivel mundial.
El Ejecutivo comunitario valora en su informe que España ha hecho "esfuerzos" para cumplir "el fuerte compromiso legal hacia la CPD" a través de la creación de "nuevas instituciones" pero deja claro que "España tiene una capacidad insuficiente para analizar y monitorizar la coherencia de las políticas".
"España debe reforzar su capacidad analística sobre CPD y garantizar que la información sobre análisis y decisiones fluye libre y eficazmente entre los diferentes organismos", subraya el Ejecutivo comunitario en su informe tras reconocer que el intercambio de información entre los organismos existentes y los actores implicados en el desarrollo "no es suficientemente eficaz ni sistemática para permitir la monitorización, análisis y rendición de cuentas para informar e influir en decisiones de política".
España ha estado trabajando en un plan de acción nacional sobre la Responsabilidad Social Corporativa, que debe adoptarse a lo largo de 2013, según reconoce el informe.
También valora la adopción en marzo de 2011 del Acta de Economía Sostenible española "que alienta a las empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas a incorporar o desarrollar políticas de responsabilidad social y a las administraciones públicas a difundir su conocimiento y mejores prácticas para promover el estudio y análisis del impacto en la competitividad de las políticas de RSC".
El Consejo Estatal RSE ha creado un grupo de trabajo encargado de desarrollar un sistema de indicadores dado que el acta incluye la obligación del Gobierno de hacer disponibles características e indicadores para la autoevaluación en términos de responsabilidad social de acuerdo con los estándares internacionales.
El informe apunta progresos por parte de la UE y de los Estados miembros para garantizar que la coherencia y eficacia de sus acciones en materia de comercio, agricultura, seguridad o inmigración contribuyan al objetivo de reducir la pobreza en países en desarrollo.
Así, valora los progresos por ejemplo para aumentar la transparencia de los pagos de las empresas europeas que se dedican a la explotación de recursos naturales, apoyando así la lucha contra la evasión fiscal o la corrupción en los países en desarrollo o para combatir la importación de madera ilegal.
También valora la contribución europea para garantizar alimentos más seguros y nutritivos en los países en vías de desarrollo y para facilitar el acceso al mercado europeo de los productos locales, contribuyendo así a la creación de empleo y crecimiento en los mismos.
El comisario de Desarrollo, Andris Piebalgs, ha considerado que el informe "confirma la posición de la UE como líder global para garantizar una coherencia eficaz de sus políticas con los objetivos de desarrollo" y aunque ha admitido "progresos" en los últimos dos años ha insistido en que "la coherencia de las políticas para el desarrollo necesita permanecer en el centro de nuestra agenda futura para lograr el desarrollo sostenible y el crecimiento incluyente".