MINSK, 17 Feb. (Reuters/EP) -
Al menos 2.000 bielorrusos se han manifestado este viernes en Minsk, la capital del país, para acabar con la conocida como "ley contra los parásitos sociales", en el marco de una de las mayores protestas registradas en Bielorrusia en las últimas décadas.
La ley, que exige que aquellos que trabajen menos de 183 días al año paguen al Gobierno de Bielorrusia 250 dólares (235 euros) en compensación por los impuestos no recaudados, entró en vigor en 2015 y ha sido criticada en reiteradas ocasiones por la opinión pública del país.
"No voy a pagar esos impuestos. Es absurdo, se trata de regresar a un sistema feudal", ha indicado Mijail Gutuyev, uno de los manifestantes que se han reunido en la principal plaza de Minsk para acusar al presidente, Alexander Lukashenko, de "ser el verdadero parásito".
Lukashenko, que busca mejorar las relaciones con la Unión Europea para disminuir la dependencia del país de las autoridades rusas, ha intentado mostrar una mayor indulgencia hacia los disidentes y miembros de la oposición en el país.
La presencia policial durante la manifestación ha sido mínima, según han indicado varios testigos, que han asegurado que no había indicio alguno de que las autoridades quisieran obstaculizar las protestas.
"El Gobierno ha levantado la polémica. No habrá una revolución por ello, pero la disconformidad en relación con esta ley se ha sumado al malestar por la situación económica", ha aseverado el analista político Alexander Klaskovski.
El país se encuentra sumido desde 2015 en una recesión económica debido a la caída de los precios del petróleo y a la crisis registrada en Rusia, con la que mantiene fuertes vínculos económicos.
Aquellos que estén registrados como desempleados en Bielorrusia se ven exentos de pagar impuestos, pero aquellos que no figuren como tal deben abonar los 235 euros a Hacienda. La población registrada debe realizar trabajos comunitarios por 10 dólares (9,4 euros) al mes.
"El efecto ha sido contrario al esperado, ha provocado una gran acumulación de trabajo", ha señalado el director del centro de análisis Mizes, Yaroslav Romanchuk. Según datos del Gobierno, sólo un 10 por ciento de las 470.000 personas que deberían haber pagado lo hicieron, lo que generó tan sólo 6 millones de dólares (5,6 millones de euros).
