HONG KONG, 1 Nov. (EP/AP) -
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) aseguró hoy que las reformas de la pena de muerte en China no son suficientes y pidió al país que realizara una reforma total.
Esta agrupación con sede en Nueva York, realizó esta demanda un día después de que el Gobierno chino anunciara los cambios en la aplicación de la pena de muerte en el país que entrarán en vigor el próximo 1 de enero.
La directora de la agrupación en Asia, Sophie Richardson, dijo que las reformas no significan nada a no ser que el Gobierno haga público el número de personas ejecutadas cada año.
"Escondiendo los números es posible que el Gobierno se libre de una situación vergonzosa, pero no es aceptable. Si no se publica la información básica, como el número de ejecuciones, el tipo de crimen, la reforma anunciada no tendrá mucho sentido", aseguró Richardson.
Según el último informe de Amnistía Internacional (AI), en 2005 se registraron 2.148 ejecuciones en todo el mundo, y 1.770 fueron documentadas y contrastadas en China, un considerable descenso con respecto a la cifra de documentadas en el país asiático en 2004, que fue de 3.400.
Sin embargo, la cifra real, es decir, la totalidad de las ejecuciones llevadas a cabo en China anualmente, oscila entre las 8.000 y las 10.000, según datos desvelados por el profesor Liu Renwen, profesor del Instituto de Leyes de la Academia China de Ciencias Sociales y un activista contra la pena capital.
Según la reforma anunciada por el Gobierno chino, el Tribunal Supremo será el único órgano autorizado para dictar la pena capital en el país a partir de enero de 2007, fecha en la que entrará en vigor la ley.
La enmienda de la ley establece que las sentencias dictadas por los tribunales provinciales en las que se dicte una condena a muerte serán revisadas y ratificadas por el Tribunal Popular Supremo, la máxima instancia judicial del país, antes de poder aplicarse.
Según afirmó ayer el presidente del tribunal, Xiao Yang, de esta forma se podrán cumplir todas las garantías legales y los "defendidos tendrán una oportunidad más de ser escuchados", afirmó.
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