El informe del Consejo de Europa acusa a siete países de participar en "violaciones de derechos" de varios prisioneros
PARIS, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Catorce países europeos, entre ellos España, pueden considerarse responsables de participación activa o pasiva --por negligencia o falta de vigilancia-- en las detenciones y traslados secretos de prisioneros sospechosos de terrorismo por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según anunció hoy el relator para este asunto de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Dick Marty.
Marty desveló hoy en París, en una reunión de la Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea, una nota explicatoria de su informe, en el que distingue dos categorías de países: siete países europeos "pueden ser responsables, en grados directos y no definidos definitivamente en todos los casos, de violaciones de derechos" de personas bien identificadas. Se trata de Suecia, Bosnia-Herzegovina, Reino Unido, Italia, Macedonia, Alemania y Turquía, países donde fueron secuestrados o trasladados sospechosos de terrorismo, o que colaboraron con las detenciones ilegales.
Pero además, menciona otra lista de países que permitieron, o no investigaron, vuelos o centros de la CIA que sirvieron para trasladar o retener a los prisioneros. Es el caso de Polonia y Rumanía, por funcionamiento de centros secretos; Alemania, Turquía, España y Chipre, como "plataforma" para vuelos ligados a traslados ilegales; e Irlanda, Reino Unido, Portugal, Grecia e Italia como lugares donde hicieron "escala" vuelos ligados al traslado de detenidos.
En el caso de España, los registros de aviación confirman que un avión civil propiedad de la CIA despegó de Palma de Mallorca el 23 de enero de 2004 rumbo a Skopje, donde llegó a las 20.51 horas y desde donde despegó tres horas después hacia Bagdad y Kabul. En Macedonia fue presuntamente secuestrado el ciudadano alemán Jaled al Masri, y este vuelo fue el que le trasladó fuera de Europa.
Marty calificó la sucesión de detenciones y traslados de verdadera "tela de araña" y consideró "claro" que "las autoridades de varios países europeos participaron activamente con la CIA en estas actividades ilegales". "Otros países las ignoraron, o no quisieron saber", añadió.
El relator admitió que en muchos casos no existen aún "pruebas, en el sentido clásico del término", pero sí "varios elementos coherentes y convergentes" que "indican que estos centros secretos de detención existían en Europa", por lo que reclamó una investigación más profunda.
