BRUSELAS, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea se mostró hoy "muy preocupada" por las conclusiones del nuevo informe que difundió este viernes el relator del Consejo de Europa de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los vuelos de la CIA, Dick Marty, que asegura que los Gobiernos de Polonia y Rumanía estaban al tanto de las acciones de la agencia en su territorio. Aunque mantuvo la prudencia hasta hacer un "análisis" del documento, Bruselas insistió en que los países "implicados" deben llegar a cabo investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
En un comunicado, el Ejecutivo comunitario afirmó que de momento ha empezado el análisis de un documento que recibió esta misma mañana bajo embargo. Aunque dijo no querer "anticipar comentarios", sí señaló estar "muy preocupada" por la información que adelantaron los medios de comunicación sobre el documento.
El informe, que fue presentado este viernes en París, indica que Estados Unidos instaló cárceles secretas de la CIA en Polonia y Rumanía con el conocimiento de las autoridades de ambos países, manteniendo retenidos en ellas a "detenidos de alto valor" entre 2002 y 2005.
Marty consideró que ya están "probadas" las alegaciones relativas a que "grandes cantidades de personas han sido secuestradas de varios lugares en todo el mundo y trasladadas a países donde han sido perseguidas y donde se sabe que la tortura es una práctica común".
"Otros han sido detenidos arbitrariamente, sin ningún cargo preciso en su contra y sin supervisión judicial, denegándoseles la posibilidad de defenderse", añadió. Apuntó que "otros simplemente han desaparecido por periodos indefinidos y han sido detenidos en cárceles secretas, incluso en países miembros del Consejo de Europa".
En concreto, en su informe indica que las "rendiciones extraordinarias" llevadas a cabo por la CIA -secuestros de presuntos terroristas para ser conducidos a países con aplicaciones poco estrictas de los derechos fundamentales o contra la tortura_ contaron con el conocimiento y autorización del presidente polaco Aleksander Kwasniewski y el ex presidente rumano Ion Iliescu.
En este escenario, la Comisión reiteró su punto de vista de que "las actividades terroristas deben conducirse en pleno respeto de los derechos fundamentales y del principio del Estado de Derecho", puesto que "cuanto más firmemente" se apliquen, "mayores posibilidades habrá de ser eficaces en la lucha contra el terrorismo".
El comunicado recuerda también que "las prácticas referidas como rendiciones o detenciones secretas constituyen una violación de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Europea de Derechos Humanos y en la Carta Fundamental de Derechos Humanos de la UE".
El portavoz de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión, Friso Roscam, insistió en que esta institución no tiene "poder jurídico" para investigar este tipo de hechos, que corresponde particularmente a los "países implicados", al margen de que otros foros -como el Consejo de Europa o el Parlamento Europeo - lleven a cabo sus propias averiguaciones.
El comunicado insiste en esta idea cuando reclama que los países implicados "comiencen o continúen investigaciones de profundidad, independientes e imparciales para establecer la verdad, sea ésta la que sea" y recuerda que ésta es una obligación que se deriva de la Convención Europea de Derechos Humanos.
"Dichas investigaciones deben llevarse a cabo lo antes posible en los Estados miembros afectados, en particular con el objetivo de establecer responsabilidades y permitir que las víctimas obtengan una compensación por los daños", indica.
Añade un llamamiento para que "los Estados miembros que cooperan con el Consejo de Europa" tal y como hace la Comisión, que seguirá estudiando el informe y está dispuesta a discutirlo tanto en el Consejo de Europa como en el Parlamento Europeo y en otras instituciones de la UE.
