BOGOTÁ, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, apoyó ayer las medidas anunciadas por el Gobierno colombiano de investigar a funcionarios públicos por su presunta implicación en ejecuciones extrajudiciales.
En un comunicado, Pillay convino con las autoridades en que la promoción de la seguridad debe respetar los Derechos Humanos y las disposiciones del Derecho Internacional, después de que se conociera que tres generales, 24 oficiales y suboficiales fueron destituidos por su presunta implicación en el asesinato de varios civiles en Soacha, en el sur de Bogotá.
Pillay reiteró la recomendación hecha por su oficina al Gobierno de Uribe y a los comandantes de las Fuerzas Armadas de tomar medidas para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas las ejecuciones extrajudiciales y subrayó que ese tipo de acciones deben ser investigadas por la justicia ordinaria.
En ese sentido, sostuvo que se debe fortalecer la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, para que logre esclarecer, en el menor tiempo posible, todas las denuncias sobre ese delito, informó el centro de noticias de la ONU.
