BRUSELAS, 7 Sep. (Reuters/EP) -
El Consejo de Europa ha asegurado que las autoridades de Turquía deben proporcionar pruebas claras que demuestren que los miles de arrestos que están realizando son legales y no se basan en un intento del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de acabar con sus detractores en el país y los seguidores del clérigo islamista Fetulá Gulen.
El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, ha advertido a Ankara de que debe probar que la purga que está llevando a cabo desde el fallido golpe de Estado del 15 de julio se está realizando conforme a la ley.
En su opinión, es imprescindible que las acusaciones por las que las autoridades turcas han estado arrestando a cientos de periodistas, jueces y profesores sean reales y legítimas.
En el caso de que no pueda demostrar la legalidad de los arrestos, Jagland ha avisado que el Gobierno turco será juzgado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Turquía ha asegurado que sus procesos judiciales son completamente legales y transparentes.
Erdogan está llevando a cabo una campaña contra los seguidores del clérigo islamista Fethulá Gulen, al que acusa de haber orquestado el fallido golpe del pasado. Las autoridades han detenido a más de 40.000 personas y arrestado formalmente a alrededor de la mitad de ellas. Además, unas 80.000 personas de la judicatura, la Policía y funcionarios han sido apartados de sus cargos.
La campaña de "limpieza" de Erdogan se ha centrado en los diversos negocios, centros públicos y escuelas que pertenecen al movimiento Hizmet, fundado por Gulen.
"Estamos exigiendo a las autoridades turcas que presenten pruebas reales, para que se pueda distinguir entre aquellos que estuvieron involucrados en el intento de golpe de estado y esas personas que simplemente han estado relacionadas en algún momento con Gulen", ha explicado Jagland.
"Muchos de ellos no son culpables. No se puede decir que los cientos de profesores y periodistas que han trabajado en escuelas y en medios de comunicación relacionados con Gulen sean automáticamente culpables de conspirar, porque no es así", ha concluido Jagland.
El clérigo islamista, que vive en un exilio voluntario en Estados Unidos desde hace años, ha negado en todo momento su responsabilidad en la asonada militar.
El Gobierno turco ha reclamado a Estados Unidos la extradición de Gulen, un antiguo aliado del presidente Erdogan, quien ha acusado insistentemente en los últimos años al clérigo de urdir un plan para echarle del poder valiéndose de sus simpatizantes en todos los estamentos del Estado.
La campaña contra Gulen y sus seguidores del movimiento Hizmet se inició después de la apertura de una investigación por corrupción contra varios ministros del Gobierno de Erdogan en diciembre de 2013.
En respuesta, Erdogan acusó a Gulen de promover su derrocamiento a través de una 'estructura paralela' integrada por miembros del aparato judicial y las fuerzas de seguridad que eran afines a Hizmet.
Pese a que el clérigo ha condenado desde Estados Unidos la asonada militar y ha pedido una investigación sobre los hechos, las autoridades turcas insisten en que fue él el principal responsable de lo ocurrido.
