NUEVA YORK, 15 Ago. (Reuters/EP) -
El Consejo de Seguridad de Nacuiones Unidas ha impusto sanciones contra seis elementos de la organización Estado Islámico, entre ellos su portavoz, y el Frente al Nusra --una organización asociada a Al Qaeda que opera en Siria-- y ha amenazado con sanciones adicionales contra aquellos que financien, recluten o suministren armas a los insurgentes.
La resolución, adoptada por unanimidad, nombra a seis personas sujetas a prohibiciones de desplazamiento, congelación de sus activos personales y un embargo de armas, entre ellos el portavoz Abu Muhammad al Adnani, de nacionalidad iraquí, considerado como uno de los "emires más influyentes del grupo" por Naciones Unidas.
El Consejo de Seguridad, en su resolución, "deplora y condena en los términos más enérgicos los actos terroristas de Estado Islámico y su ideología violenta y extremista, así como sus abusos constantes y sistemáticos de los Derechos Humanos y las violaciones cometidas contra el Derecho Internacional".
Otros de los nombres señalados son los del ex oficial del Ejército argelino Said Arif, integrante de Al Nusra y Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh, saudí, al que se le describe como "uno de los principales propagandistas del terrorismo a través de Internet" y líder de Al Nusra en la localidad siria de Latakia.
Otros dos sancionados, esta vez por facilitar apoyo logístico y económico, son Hamid Hamad Hamid al Ali y Hayaj bin Fahd al Ajmi, ambos kuwaitíes, y el saudí Abdelramán Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani, organizador de redes de reclutamiento.
En este sentido, la resolución condena "la incorporación a filas de combatientes extranjeros" y avisa de que "sancionará con celeridad a cualquiera que financie o facilite el desplazamiento a combatientes extranjeros".
"Condenamos cualquier forma de comercio indirecto o directo con Estado Islámico o Frente al Nusra, y advertimos de que cualquier tipo de actos en este sentido podrán desembocar en sanciones", de acuerdo al comunicado de resolución que emplaza a los expertos de la ONU a informar en un plazo de 90 días de cualquier detalle adicional sobre el reclutamiento y financiación de ambas organizaciones.
