Corea del Sur avisa de que la restricción de importaciones de Japón afectará a las tecnológicas internacionales

Moon Jae In, presidente de Corea del Sur
Moon Jae In, presidente de Corea del Sur - -/ZUMA Wire/dpa
Publicado: miércoles, 17 julio 2019 8:40

SEÚL, 17 Jul. (Reuters/EP) -

Corea del Sur trabaja con la hipótesis de que las restricciones a las importaciones de determinados materiales de alta tecnología de Japón afectarán a empresas tecnológicas internacionales, incluidas las operaciones de Samsung en la capital del estado de Texas, Austin, según ha contado este miércoles un responsable gubernamental surcoreano.

El alto cargo del Ejecutivo de Seúl ha incidido en que los pasos que está dando Japón son inconsistentes con los principios de la Organización Mundial del Comercio y ha señalado que los surcoreanos apuestan por resolver las diferencias mediante el diálogo.

En este sentido, ha recalcado que si Japón llega a ir tan lejos como para sacar a Corea del Sur de su "lista blanca" de países con mínimas restricciones comerciales, esa decisión causaría "una tremenda cantidad de problemas".

Las diferencias entre Japón y Corea del Sur comenzaron en noviembre de 2018 cuando el Tribunal Supremo dictó un fallo por el que ordena que sean compensados varios trabajadores surcoreanos que fueron obligados por Japón a trabajar en una empresa nipona durante la ocupación en la Segunda Guerra Mundial. Días después, llegó otro fallo judicial en la misma línea.

Posteriormente, el Gobierno de Japón ha decidido imponer restricciones a las importaciones de determinados materiales de alta tecnología a Corea del Sur y los medios nipones han señalado que las restricciones se han adoptado porque Corea del Sur habría exportado estos materiales a Corea del Norte, contraviniendo así las sanciones internacionales contra el régimen de Pyongyang.

El Gobierno de Seúl niega que haya exportado estos materiales, se ha mostrado partidario de abrir una investigación internacional para aclarar el asunto y ha señalado que las restricciones son una represalia de las autoridades de Tokio por los fallos judiciales que obligan a compensar a las víctimas trabajos forzados en empresas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial.

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