Crónica Bolivia (Añad).-La Corte Suprema ordena el arresto del ex presidente Sánchez de Lozada por genocidio y torturas

Actualizado 02/02/2007 19:09:03 CET

La Fiscalía dice que el decreto emitido para sofocar una revuelta en 2003 fue una decisión consciente y voluntaria de causar daños reales

LA PAZ, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Corte Suprema de Justicia de Bolivia emitió hoy una orden de detención por genocidio y torturas, entre otras acusaciones, contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y los que fueran sus últimos ministros de Defensa e Hidrocarburos, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Beringoague, respectivamente, todos ellos residentes en Estados Unidos.

En la acusación de la Fiscalía boliviana, que también se hace pública en el documento emitido por el tribunal, se les responsabiliza de genocidio durante los enfrentamientos entre civiles y militares que dejaron 63 muertos y 400 heridos, ya que, según la acusación, fueron provocados a partir de dos documentos escritos y un decreto supremo que ordenaban la intervención militar.

Concretamente, el Ministerio Público sostiene que el ex mandatario y sus colaboradores cometieron genocidio, homicidio y lesiones seguidas de muerte, lesiones gravísimas, privación de libertad, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes durante las protestas generadas contra un proyecto para exportar gas a Estados Unidos por puertos de Chile.

La Sala número 1 de lo Penal de la Corte Suprema boliviana declara "rebeldes, al tenor del artículo 89 del Código de Procedimiento Penal", a Lozada y los dos ex ministros, quienes se marcharon del país inmediatamente después de que terminara la crisis que derivó en la renuncia del ex mandatario.

El fiscal del caso, Milton Mendoza, explicó que "la Sala Penal I los declara rebeldes, y con los edictos se les hace conocer públicamente que tienen esa condición. Es una señal de respeto al debido proceso", según informa la prensa local.

TRES ACCIONES

Por otra parte, la acusación formulada por la Fiscalía se fundamenta en tres acciones concretas que presuntamente fueron ordenadas por Sánchez de Lozada y ejecutadas por sus colaboradores. En primer lugar, "haber instruido a las Fuerzas Armadas mediante nota de 20 de septiembre de 2003 en la que dispone 'movilizar y utilizar de manera inmediata la fuerza necesaria con el fin de restablecer el orden público y el respeto al Estado de Derecho en la región'".

Según el Ministerio Público, esto generó "la intervención de fuerzas combinadas, policías y militares, los días 19 y 20 de septiembre de 2003, en el denominado 'rescate humanitario' de la localidad de Sorata, donde murieron cinco personas".

En segundo lugar, la nota del 11 de octubre de 2003, que instruía "disponer los recaudos necesarios para restablecer el orden en la ciudad de El Alto, instruyendo la defensa militar de las instalaciones estratégicas y de servicios públicos, así como instalaciones militares y policiales".

El tercer supuesto es "el ilegal Decreto 27209 de 11 de octubre de 200, en el que se declara emergencia nacional, interpretando erradamente los artículos 7 y 11 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, autorizando esta vez de forma oficial la intervención violenta de las Fuerzas Armadas para el transporte de vehículos cisterna de las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la zona de Senkata, hasta la ciudad de La Paz, donde fallecieron 30 personas".

DECISIÓN CONSCIENTE DE CAUSAR DAÑOS

El documento, en la parte de justificación de la acusación al ex presidente, señala que "esta disposición viabilizó la ejecución de operaciones militares en La Paz y El Alto con la antelada previsión de responder por los daños personales que se ocasionen".

"Esto quiere decir que a tiempo de suscribir el decreto se materializa una decisión consciente, voluntaria y efectiva de causar daños reales a los bienes y a la población civil. Los militares ejecutores de la acción no se encontraban legitimados para considerar a los bloqueadores, huelguistas y curiosos transeúntes como 'blancos de ataque'", agrega el escrito.

Además, advierte de que "los disturbios interiores generadores del conflicto de los meses de septiembre y octubre de 2003 no se encontraban proporcionalmente vinculados a la reacción, que de acuerdo a los datos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ocasionaron 63 muertes y más de 400 heridos, la gran mayoría por armas de fuego de uso militar y policial".

El documento de la Fiscalía acude al testimonio del entonces viceministro de Régimen Interior, José Elías Harb, quien aseguró que "el (ex) comandante general de la Policía, Jairo Sanabria, refiere que no existía información proporcionada por los organismos de inteligencia de la Policía para pensar en la existencia de grupos armados irregulares". Por lo tanto, concluye que "no existía un grado de confrontación armada, entendiendo este concepto como sinónimo de lucha abierta donde el nivel de violencia es recíproco".

"Los militares no se encontraban legitimados para considerar a los bloqueadores, huelguistas y curiosos transeúntes como blancos de ataque", concluye el documento de la Fiscalía.

PRIMER GOBIERNO

Sánchez de Lozada ganó las elecciones en 1993, cuando tenía 63 años, con más de 15 puntos de ventaja sobre el segundo. Gobernó entre 1993 y 1997 aplicando el llamado Plan de Todos, el programa más ambicioso de reformas estructurales en Bolivia desde la Revolución de 1952.

Presionado por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), además que por las políticas similares aplicadas en los países limítrofes y en casi todo el mundo, promovió un amplio programa de capitalizaciones y siguió el rumbo político neoliberal impreso ya por sus antecesores.

Así, llevó adelante la capitalización con inversionistas privados extranjeros de las cinco principales compañías del Estado --YPFB, LAB Airlines, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL)--, entregó el 50 por ciento de las acciones a los bolivianos, lo que le permitió crear el denominado 'bonosol' que beneficia a los mayores de 65 años, y creó el sistema de regulación a través de superintendencias.

Sánchez de Lozada integró a Bolivia en Mercosur como país asociado y promovió importantes reformas legislativas, como la ley de Participación Popular, que daba por la primera vez cierta autonomía y capacidad financiera a los municipios, la ley INRA de reforma agraria, y la ley Forestal, que incorporaba indígenas y organizaciones populares en la explotación sostenible de los bosques y otras.

EN 1997 GANÓ CONTRA EVO MORALES

En 1997 volvió a la oposición, pero en 2002 ganó por tercera vez las elecciones presidenciales con un margen del 2 por ciento sobre su inmediato seguidor, Evo Morales, y fue elegido para un segundo mandato, que comenzó en agosto.

En esta legislatura continuó con la política económica neoliberal, mal recibida por algunos sectores sindicalizados, como los mineros y cocaleros. En especial encontró fuerte y más generalizada oposición la política de comercialización del gas natural, hidrocarburo procedente en muchos casos de yacimientos descubiertos por compañías petroleras extranjeras.

El plan para financiar nuevos proyectos sanitarios y educativos con los beneficios obtenidos de la exportación de gas natural a Estados Unidos y México generó nuevos descontentos, profundizando el conflicto social, que desembocó en manifestaciones, principalmente en el área andina, en busca de su renuncia.

En medio de estas protestas se produjo la masacre de civiles por la que la Corte Suprema ha ordenado su detención. Tras estos hechos, además de las divisiones dentro del Ejecutivo, Sánchez de Lozada fue obligado a la renuncia, dimitiendo el 17 de octubre de 2003.