El grupo de analistas denuncia casos de detenciones ilegales contra ex milicianos y pago forzado de impuestos a las guerrillas
MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
El grupo de expertos en política internacional International Crisis Group (ICG), han aplaudido el "gran progreso" realizado en Burundi durante los últimos meses, durante los que el proceso de paz firmado en 2006 entre Gobierno y grupo rebeldes ha experimentado un importante impulso, tanto en la integración de las milicias en las fuerzas de seguridad, y la reconversión de la cúpula militar de los rebeldes en un partido político.
Sin embargo, el último grupo rebelde en abandonar las armas, las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) todavía tiene que revertir ciertos déficits observados por el grupo, entre los que denuncia el maltrato a civiles y el pago forzado de impuestos. ICG pide de igual modo al Gobierno que cese su campaña de represión contra los miembros del FNL, aprovechando el contexto favorable en el que se está desarrollando la política burundesa, gracias a la colaboración de la comunidad internacional, presente en el país gracias al conglomerado Sociedad para la Paz, que se encarga de vigilar el desarrollo del proceso de desarme y de reintegración.
ICG espera de esta sociedad que actúe de "paraguas" para evitar que el proceso de paz acabe influenciado negativamente por cuestiones políticas, y que aproveche en la medida de los posible las donaciones realizadas por la comunidad internacional, sobre todo ante la próxima celebración de las elecciones que tendrá lugar en 2010.
"GRAN PROGRESO"
El grupo de analistas destaca sobre todo la transición en la que se encuentra inmerso el FNL, antiguo Partido para la Liberación del Pueblo Hutu (Palipehutu), que ha renunciado "al uso de las armas y se encuentra actualmente registrado como partido político". ICG celebra que parte de sus milicias se hayan reintegrado en "importantes cargos públicos", así como en las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el grupo asegura que "el FNL todavía no ha entregado todas sus armas y parece dispuesto a usar incluso la violencia para alzarse con la victoria en las elecciones de 2010". En este sentido, el ICG recomienda a la Sociedad para la Paz en Burundi, recién creada, que "supervise de cerca a los principales actores políticos del país y dé un paso adelante para evitar el descarrilamiento del proceso de paz".
Pero el grupo valora "los desarrollos positivos" registrados en el país africano, en parte gracias a la participación de los gobiernos regionales y, en un contexto más amplio, de la comunidad internacional. ICG cita como ejemplo el pasado encuentro de jefes de Estado africanos celebrado en 2008 como punto de inicio de la cadena de eventos que comprendió el traslado de los combatientes del Palipehutu-FNL a campos gestionados por el Gobierno, y la liberación en respuesta de 247 combatientes de las milicias presos por las autoridades.
De esta forma, el FNL eliminaba su primer nombre para evitar asociar con cualquier tipo de matiz étnico el partido político en el que iba a convertirse , de acuerdo con la ley burundesa, uno de los mayores obstáculos de la puesta en práctica del acuerdo de alto el fuego firmado el 7 de septiembre de 2006.
Fue ya este año cuando la Sociedad internacional decidió, el 8 de abril de 2009, la reintegración de 3.500 combatientes del FNL en las fuerzas de seguridad burundesas y las desmovilización de otros 5.000. Se indicó, de igual modo, que el Gobierno debía acelerar la liberación de los prisioneros de guerra y registrar, con efecto inmediato, al FNL como partido político y contratar a 33 miembros de su cúpula como funcionarios en altos cargos del Gobierno.
La desmovilización comenzó por el propio líder del FNL, Agathon Rwasa, el primer combatiente en deponer sus armas. Un mes más tarde, el Senado comenzó a designar a los oficiales del FNL al frente de Embajadas y de ayuntamientos locales, con el beneplácito del presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza. Un proceso que todavía continúa. RAZONES PARA PREOCUPARSE
ICG advierte, sin embargo, de que el proceso de paz en Burundi sigue amenazado, principalmente porque los rebeldes del FNL sólo han entregado 633 piezas de armamento de corta y media distancia (ametralladoras y morteros entre ellos), una pequeña parte de su arsenal. El resto queda pendiente de entrega y es difícil que pueda suceder si, como denuncia el FNL, el Gobierno sigue "arrestando" y "persiguiendo" a algunos de sus miembros.
Las elecciones de 2010 han incrementado la tensión. El partido de Gobierno, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) se encuentra, según el ICG, "alarmado por la repentina emergencia del grupo rebelde en la escena política". "El partido de Nkurunziza teme por encima de todo que sus opciones de triunfo sean puestas en peligro por la creación de una coalición en torno al FNL", apunta el grupo.
RECOMENDACIONES
En este sentido, ICG pide a ambos grupos el cese de la escalada de tensión. Al FNL solicita el fin de la imposición de impuestos, el maltrado de civiles y la violencia contra funcionarios locales. Al Gobierno, por su parte, insta a que termine con "la violencia y represión políticas dirigidas contra el FNL", así como el cese de las detenciones arbitrarias y el tratio inhumano que reciben sus detenidos, que deberán ser investigados por la oficina del Fiscal".
A la Sociedad para la Paz, ICG solicita que organice a las ONG locales e internacionales presentes en el país para que investiguen la posible existencia de milicias armadas derivadas del FNL y, de ser verificada, "soliciten su desmantelamiento". También pide que se mantenga un diálogo con los partidos políticos y actores inclinados a usar la violencia, y que se cree un grupo específico que documente las violaciones cometidas contra el acuerdo de alto el fuego de septiembre de 2006.
De igual modo, ICG pide a la comunidad internacional que apoye la transformación del FNL en un partido político y que se instruya a todos los funcionarios burundeses en materia de liderazgo, gestión y resolución pacífica de conflictos, para reducir el riesgo de que los combatientes reintegrados acaben siendo manipulados por las diferentes facciones políticas del país.
