Reynolds y Phillip Morris reorientan su estrategia para impedir el endurecimiento de las leyes antitabaco y la subida de impuestos
NUEVA YORK, 14 Oct. (EP/AP) -
Las dos principales tabacaleras norteamericanas han invertido una suma de dinero sin precedentes para evitar la aprobación de un referéndum que incrementaría las prohibiciones al uso del tabaco y los impuestos sobre los cigarrillos en Estados Unidos. La propuesta será sometida a votación el próximo 7 de noviembre en cinco estados, al mismo tiempo que las elecciones locales y al Congreso.
Sólo en California, tanto Phillip Morris USA y R.J. Reynolds Tobacco han aportado más de 54 millones de dólares (43 millones de euros) a la campaña en contra de la Proposición 86, que podría hasta cuadruplicar los impuestos generales sobre el tabaco y elevar el precio medio por cajetilla hasta los 6,55 dólares (4,78 euros).
Ambas compañías ya se han gastado varios millones para combatir las leyes antitabaco en estados como Missouri o Dakota del Sur, y para promover alternativas más flexibles sobre las prohibiciones establecidas en Arizona u Ohio.
En cada caso, las campañas de ambas empresas parecen haber gastado más dinero que las propuestas de los grupos antitabaco, que han conseguido una importante racha de victorias en varios estados durante los últimos años.
"La industria tabacalera reconoce que hay un amplio apoyo a medidas que podrían reducir el consumo de tabaco, y saben que no pueden ganar sin superar los gastos de la oposición", afirma el presidente de la Campaña por los Niños sin Tabaco, Matthew Myers.
En el Estado de California, la compañía Phillip Morris ha contribuido con 31,9 millones de dólares, más de 25 millones de euros, a la campaña destinada a evitar la aprobación de la Proposición 86.
"Nos oponemos a un incremento de los impuestos sobre el tabaco", afirmó el portavoz de la empresa, Bill Phelps, que indicó además que Phillip Morris también intentará evitar las subidas de impuestos en otros estados, a pesar de que evitó dar cifras globales.
Por su parte, Reynolds señaló el pasado mes de julio que se gastaría hasta 40 millones de dólares (32 millones de euros), de cara a organizar nuevas campañas a lo largo de este año. De momento, ha aportado 22,7 millones de dólares (18 millones de euros) en California, y ha incrementado su participación en estados como Ohio y Arizona para promover una legislación menos estricta que la planteada en la Proposición a votar. El portavoz de la compañía, David Howard, señaló que este año ha sido el que más dinero se ha invertido en esta clase de medidas.
CONFUSIÓN ENTRE LOS VOTANTES
En años anteriores, la industria del tabaco se limitaba a solicitar la negativa rotunda ante estas medidas antitabaco, pero en 2006 han cambiado su estrategia al respaldar a grupos que, según activistas antitabaco, están destinados a confundir a los votantes.
En Arizona, Reynolds ha aportado casi la totalidad de los fondos para la creación de un grupo conocido como el Comité para la Protección del No Fumador, en un intento de permitir el uso del tabaco en los bares y competir así contra la medida propuesta por la Sociedad Americana contra el Cáncer, que aboga por la prohibición del tabaco en todos los establecimientos de ocio. En referencia a este caso, ambas iniciativas cuentan con porcentajes similares de apoyo.
En una carta abierta remitida esta semana, el vicepresidente ejecutivo de Reynolds, Tommy J. Payne, negó que su compañía intentara ocultar su implicación en esta campaña, y calificó la iniciativa por una legislación más flexible como una medida "de sentido común que beneficiará a los no fumadores, a los niños, a los fumadores y a los pequeños negocios".
Sin embargo, un portavoz de la campaña antitabaco patrocinada por la Sociedad Americana contra el Cáncer, Troy Corder, se burló de estas afirmaciones. "¿Desde cuándo se preocupan por los no fumadores y por los niños?", se preguntaba Corder. "Tienen un amplio historial que demuestra que sólo protegen una cosa: sus beneficios", señaló.
En Ohio, una campaña patrocinada por Reynolds con el nombre de 'Fumar menos en Ohio' solicita una legislación que permita fumar en bares, áreas cerradas de restaurantes, boleras y circuitos de carreras, sustituyendo así a una restrictiva ley antitabaco impuesta en 21 municipios.
Los grupos antitabaco piden menos excepciones. Sin embargo, de ser las dos aprobadas en votación, la propuesta respaldada por Reynolds se haría con la victoria, dado que reformaría la constitución del estado, mientras que la propuesta antitabaco se limita a cambiar los estatutos de la ley de Ohio.
Ninguna de las campañas ha publicado sus cifras de gasto, pero el portavoz de 'Fumar menos en Ohio'. Jacob Evans, ha confirmado que Reynolds es su principal contribuyente. La campaña opositora, de nombre similar, cree necesario evitar que la propuesta respaldada por la compañía tabacalera llegue a las urnas, según la portavoz de 'Sin cigarrillos en Ohio'.
La Proposición 86 aumentaría los impuestos a los 2,60 dólares (2,07 euros) por paquete, lo que generaría un fondo de 2.100 millones de dólares (1.670 millones de euros) para programas anti tabaco, servicios de emergencia médica y otras iniciativas relacionadas con la salud.
Según la portavoz de la campaña 'No' en favor de la flexibilización de las leyes contra el tabaco, Carla Hass, la Proposición "convertiría a los cigarrillos en un artículo más caro que las drogas ilegales". Según este grupo, esta nueva iniciativa en contra de los cigarrillos está destinada sanear la economía de la Sanidad norteamericana y podría afectar a los distribuidores, a los usuarios de bajo poder adquisitivo e, incluso, podría alentar el contrabando de tabaco.
