Las autoridades aseguran que no hay leyes adecuadas, pero fuentes humanitarias denuncian que lo que hay es falta de voluntad política
MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El tráfico ilegal de niñas desde las aldeas a las ciudades de Nigeria está aumentando y el Estado no tiene mecanismos suficientes para impedir este comercio, según informaron fuentes oficiales a la agencia de noticias de la ONU, IRIN. No obstante, otras fuentes humanitarias aseguran que el Gobierno dispone de los medios y de las leyes adecuadas y que el único motivo para no poner fin a este negocio, que refleja la pobreza y la desigualdad de género persistentes en Nigeria, es la falta de voluntad política de las autoridades.
"El negocio del reclutamiento de chicas adolescentes para labores domésticas en las casas de la clase media y alta y está en su esplendor a pesar de nuestros esfuerzos por ponerle fin", declaró a IRIN el director de la oficina de la Agencia Nacional para la Prohibición del Tráfico de Personas (NAPTIP) en el Estado de Kano (norte de Nigeria), Bello Ahmed.
Según Ahmed, cada vez es más frecuente el tráfico de adolescentes de entre doce y diecisiete años de edad desde las aldeas a las ciudades para trabajar como sirvientas por una paga mensual media de unos 1.500 nairas (unos nueve euros), que normalmente reenvían a sus padres para que sigan cuidando al resto de los hermanos.
"Aparte de negárseles el acceso a la educación, estas niñas son violadas y golpeadas por sus empleadores en muchos casos, por lo que pedimos la creación de un centro de acogida para rehabilitarlas", prosiguió Ahmed.
"Los traslados de niñas desde las aldeas a la ciudad para trabajar como empleadas domésticas siguen sin disminuir, y de hecho están aumentando", explicó Mairo Bello, director del Proyecto de Información para la Salud de los Adoldescentes, una organización no gubernamental con sede en Kano.
Además de la pobreza, este tráfico de niñas y de mujeres refleja la extrema desigualdad de ingresos y de género que existen en Nigeria. Este problema prevalece en todo el país. La pobreza obliga a los padres a entregar a sus hijas para el servicio doméstico, convencidos de que con estos trabajos de escasa consideración social sus hijas tienen más garantizado su sustento, explicó Ahmed.
EL CASO DE HINDU
"No tuve otra opción que enviar a Hindu, mi hija mayor, a trabajar en la ciudad porque somos pobres y necesitábamos dinero para comer", declaró Aisha, una madre de seis hijos que envió a su hija Hindu Nasidi, de catorce años, a Kano. El motivo principal por el que envió a su hija a la ciudad fue la subida de los precios de los alimentos, precisó.
La chica perdió posteriormente el empleo y sus empleadores, a quienes no les gustaba cómo lavaba los platos, la castigaron metiéndole chiles picantes en la vagina. "El dinero que le pagaron por el trabajo nos vino muy bien para cuidar a los seis hermanos hasta que sucedió este desafortunado incidente", explicó Nasidi,
Cuando Hindu perdió su trabajo, la familia empezó a ganarse la vida a duras penas mediante la fabricación de manteles de rafia (un género de palmeras de África que dan una fibra muy resistente y flexible) por parte de Nasidi y con la venta de mangos y melones por parte del padre, unas actividades que no les dan suficiente dinero para comprar los alimentos que necesitan los seis hijos.
A pesar los esfuerzos de la NAPTIP por poner fin al tráfico de chicas adolescentes, a las que los traficantes trasladan en camiones "como a pollos", Ahmed admite que no se ha conseguido acabar con esta práctica. "Cuanto más perfeccionan las agencias sus estrategias para poner acabar con el negocio, más sofisticados se vuelven los perpetradores para llevar a cabo su comercio", explicó.
FALTA DE LEYES O DE VOLUNTAD POLÍTICA
La falta de una legislación adecuada para perseguir a los traficantes impiden a la NAPTIP iniciar las acciones legales pertinentes para que los traficantes sean detenidos, lamentó Ahmed.
La Ley sobre Derechos del Niño establece cinco años de cárcel y multas de más de 400 dólares para los que obligan a trabajar a los mejores. No obstante, esta Ley ha causado numerosas fricciones entre las autoridades federales centrales, que la defienden, y los consejos legislativos de los Estados del norte de Nigeria, mayoritariamente musulmanes, cuyos líderes religiosos y culturales han impugnado algunas de sus cláusulas por considerarlas contrarias a sus principios.
"Nos inquieta la tendencia a utilizar a las chicas adolescentes como empleadas domésticas, que es una forma de trabajo infantil, y sabemos que la Ley sobre Derechos del Niño trata este asunto", declaró el presidente del Parlamento de Kano, Abdulaziz Garba Gafasa, a IRIN. "No obstante, no podemos apoyar la Ley porque algunas de sus cláusulas entran en conflicto con nuestra religión y con nuestros valores culturales", prosiguió. "Una vez que se expurguen estas zonas grises, la aprobaremos. En caso contrario, elaboraremos leyes de ámbito estatal que sirvan para perseguir a los perpetradores de estos despreciables actos", añadió.
Mohammed Aliyu Mashi, quien colabora con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la lucha contra el tráfico de niños y niñas, considera que es falso que no haya leyes adecuadas para perseguir a los traficantes y que lo que realmente falta es voluntad polítca para actuar.
"El código penal que opera en el norte establece desde cinco años de cárcel hasta cadena perpetua para los convictos de tráfico de niños y trabajo infantil", declaró a IRIN. "El argumento de que no hay leyes es una mera artimaña, una excusa para eludir la persecución de delincuentes debido a la falta de voluntad política de las autoridades", aseveró.
