La ley, pendiente de dos recursos ante el Constitucional, se enfrenta a la objeción de conciencia de muchos médicos
LISBOA, 13 Jul. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -
La nueva ley del aborto en Portugal entrará en vigor el domingo. Después de dos referendos y de decenas de juicios, las portuguesas podrán realizar una interrupción voluntaria del embarazo en su país hasta las diez semanas de gestación.
La despenalización del aborto fue aprobada por referéndum el pasado 11 de febrero, aunque éste no fue vinculante porque la abstención superó el 50 por ciento. La nueva ley, más amplia que la española, permite realizar un aborto hasta las diez semanas a petición de la mujer.
La ley ha sido aprobada en el Parlamento, ratificada por el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, y publicada en el BOE, pero aún así la polémica continúa. Hay dos recursos pendientes en el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la misma, uno interpuesto por la organización civil contraria al aborto Movimiento por la Vida, el otro promovido por la Asamblea de la Región Autónoma de Madeira, que se niega a aplicar la ley hasta que el tribunal no se pronuncie y el Estado no asuma íntegramente los costes del aborto.
LOS MEDICOS Y LOS HOSPITALES
Otro de los problemas es la preparación técnica de los hospitales públicos en los que se van a realizar los abortos, que serán gratuitos para las pacientes. La Dirección General de Salud asegura que están preparados, tanto para las intervenciones quirúrgicas como para la atención médica que envuelve a las mismas. De hecho, hay quince que ya están realizando interrupciones del embarazo a la luz de la nueva ley.
Sin embargo, aunque en los hospitales esté todo listo a nivel técnico, se prevé que algunos tengan problemas debido a la objeción de conciencia de los facultativos. El Colégio Médico es el órgano encargado de elaborar la lista de los médicos del servicio nacional de salud que se declaren objetores, lo que les impedirá realizar abortos en la medicina privada.
El plazo acaba el lunes. Muchos médicos ya se han inscrito como objetores y en algunos hospitales la cifra alcanza el 80 por ciento. En Azores la situación es más compleja, ya que sólo se practicarán abortos en uno de los tres hospitales con los que cuenta el archipiélago. Para la objeción solamente hay una excepción: si está en peligro la vida de la madre no se reconocerá ese derecho a los facultativos.
LAS CLÍNICAS PRIVADAS
La solución, a falta de médicos o ante las listas de espera, son las clínicas privadas. El director general de salud, Francisco George, calcula, basándose en los pedidos que han recibido, que en una primera fase serán diez los centros privados en los que se realicen abortos. Aunque hasta ahora sólo hay dos con licencia, uno en Lisboa y otro en Aveiro.
De éstos, el que más expectativa ha creado es la clínica española Los Arcos, que el lunes abrirá un centro en la capital portuguesa y espera atender en su primera semana entre 25 y 30 mujeres, que ya tienen cita marcada. Esta clínica ya tiene experiencia con mujeres portuguesas, ya que en el último año atendieron en la clínica de Badajoz a 3.200 mujeres que se desplazaron hasta allí. Otras 2.000 lo practicaron en otras clínicas españolas.
Los precios de un aborto en esta clínica van de los 375 euros para la cirugía con anestesia local, a los 475 euros para la anestesia general, con todas las consultas y medicamentos necesarios incluidos.
Los Arcos, que estudia abrir una segunda clínica en Oporto, ya ha iniciado contactos con diversos hospitales públicos que podrán recurrir a sus servicios en caso de que surjan dificultades para cumplir la nueva ley, que indica que "en cualquier tipo de circunstancia" los centros de salud tienen que "adoptar todas las providencias necesarias para cumplir los plazos".
CARACTERÍSTICAS
La ley que entra en vigor acabará con los juicios. En los últimos nueve años se han registrado por abortos ilegales 34 procesos, 43 acusaciones y 18 condenas a mujeres.
La nueva ley establece un período de reflexión, superior a tres días, durante el cual la mujer debe poder recibir asistencia psicológica o de un asistente social. Una vez tomada la decisión, debe realizar una consulta médica obligatoria, que debe ser marcada en un máximo de cinco días, y que el médico que certifique que el embarazo no supera las 10 semanas no sea el mismo que va a realizar la interrupción del mismo.
Después de la intervención, la mujer tiene obligación de acudir a una consulta sobre salud sexual o planificación familiar. Además, todos los abortos quedarán inscritos en un registro "anónimo y confidencial" en el que constarán los datos de la paciente y las características de la intervención.
La lista completa de la red de hospitales públicos y privados en los que se podrán realizar interrupciones voluntarias del embarazo estará disponible el lunes. Además, hay una línea de atención telefónica y las autoridades sanitarias tendrán que prestar información sobre los horarios de consulta. Ésta podrá ser marcada por teléfono y siempre en un máximo de cinco días desde que es solicitada.
La ley vigente hasta la fecha en Portugal databa de 1984 y contemplaba penas de hasta tres años de cárcel para las mujeres que se sometieran a un aborto ilegal y de hasta ocho para el médico que lo practicase. Sin embargo, esa ley permitía el aborto hasta las 12 semanas en caso de violación, malformación del feto y riesgo de la salud física o psíquica para la madre.
Aun así, el número de abortos ilegales anuales está entre los 20.000 y los 40.000, mientras que los legales, en 2005, no llegaron a 1.000, una cifra similar a las 700 mujeres que tuvieron que ser internadas por abortos ilegales asumidos.
