Populares y socialistas españoles votan a favor por considerarla un avance en la política de inmigración común
ESTRASBURGO (FRANCIA), 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones la nueva norma comunitaria que armoniza los procedimientos de repatriación de los inmigrantes. Su apartado más polémico es el que permite a los Estados miembros retener a los inmigrantes a la espera de expulsión, incluidos los menores, en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses. También prohíbe volver a la UE durante 5 años a cualquier inmigrante que haya sido expulsado de un Estado miembro.
La directiva recibió el apoyo mayoritario del grupo popular europeo, incluida la delegación española, y de los liberales. Los socialistas se dividieron, aunque la delegación española votó a favor, con la excepción de Josep Borrell y Raimon Obiols, que se opusieron a la directiva, y de Martí Grau, que se abstuvo. El grupo de los Verdes (y su representante español, David Hammerstein) y el de Izquierda Unitaria (Willy Meyer) votaron contra el texto. El eurodiputado del PNV, Josu Ortuondo, se abstuvo.
El visto bueno de la Eurocámara supone el punto y final de la tramitación política de la directiva, ya que los ministros del Interior de los Veintisiete ya la aprobaron el pasado 5 de junio. Una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la UE, los Estados miembros tienen un plazo de dos años para introducirla en sus respectivas legislaciones nacionales. Además, tendrán un año adicional para prestar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes inmersos en un procedimiento de expulsión.
El pleno rechazó las enmiendas presentadas por el grupo Verde y por Izquierda Unitaria que reclamaban la retirada del texto por considerarlo un atentado contra los Derechos Humanos de los inmigrantes. Los eurodiputados tampoco aceptaron ninguna de las modificaciones presentadas por el grupo socialista para suavizar el contenido de la directiva.
En concreto, los socialistas reclamaban reducir a 6 meses el plazo máximo de internamiento de los irregulares, someter a control judicial cualquier orden administrativa de internamiento en un plazo máximo de 72 horas o reforzar la protección de los menores. El visto bueno a cualquiera de estas enmiendas hubiera significado un retraso considerable en la aprobación de la directiva ya que se haría necesario un nuevo acuerdo con los Veintisiete.
Pese a que sus enmiendas fueron rechazadas, los socialistas españoles votaron a favor de la directiva por considerar que constituye un avance en la creación de una política de inmigración común. "Ha sido una batalla política complicada, con el permanente bloqueo de la derecha a las enmiendas socialistas, que pretendían ofrecer garantías sólidas a los inmigrantes clandestinos", dijo el eurodiputado Javier Moreno en un comunicado.
En todo caso, destacó que la directiva incluye avances como la asistencia jurídica gratuita y obliga a los Estados miembros que ahora no tienen ningún tope para la retención de irregulares a establecer un periodo máximo. "Hemos conseguido establecer un mínimo para 27 países, lo que no afecta en ningún caso a que países como España, con una legislación muy superior en cuanto a derechos del inmigrante, mantengan sus actuales garantías", señaló.
Por su parte, el eurodiputado del PP Agustín Díaz de Mera, subrayó que la directiva "es un paso firme y decidido hacia la necesaria política común en materia de inmigración y un instrumento jurídico imprescindible para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes y una precondición para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal".
Destacó que se da prioridad al retorno voluntario de los inmigrantes y que la expulsión forzosa se plantea "como último recurso". Asimismo, insistió en que la norma impedirá que haya países en la UE donde los inmigrantes puedan ser retenidos indefinidamente y no obliga a ningún Estado miembro a endurecer sus leyes.
En el mismo sentido se expresó el representante de Convergència i Unió, Ignasi Guardans. A su juicio, la directiva "protege mejor a los inmigrantes irregulares en muchos Estados miembros, mientras permite a otros como España mantener unas garantías superiores".
"DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA"
En contraste, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, calificó la directiva de retorno como "la gran vergüenza de la UE" y dijo que con ella "se pretende deportar a 8 millones de personas bajo la figura de la detención administrativa", algo que, en su opinión, nunca se le aplicaría a un ciudadano europeo. "La detención administrativa convierte a los inmigrantes en unos delincuentes, cuyo único delito es haber abandonado su lugar de origen en busca de una vida mejor", afirmó.
Por su parte, Amnistía Internacional se declaró "profundamente decepcionada" por el voto favorable de la Eurocámara al considerar que la directiva "no garantiza el retorno de los inmigrantes irregulares de manera digna y segura" y no contempla suficientes salvaguardas para los menores no acompañados. La organización humanitaria reclamó a los Estados miembros que ya aplican más garantías que las previstas en esta directiva, como España, que no aprovechen su aprobación para rebajarlas.
El objetivo de la nueva norma es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos. Por ejemplo, en estos momentos, un total de nueve países --Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia-- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes.
Estos Estados miembros se verán obligados a cambiar su normativa para introducir el nuevo límite de seis meses, que se podrá ampliar a 18 si hay una falta de cooperación del inmigrante o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria que deban expedir terceros países. A España no le afectaría este límite porque en la actualidad el periodo máximo de retención es de 40 días y la directiva de retorno no le obliga a ampliarlo, aunque el Gobierno ha anunciado que pretende hacerlo.
En aquellos casos en los que un número "excepcionalmente importante" de inmigrantes ilegales que deban ser repatriados plantee una importante carga imprevista para la capacidad de las instalaciones de internamiento de un Estado miembro o para su personal, dicho país podrá decidir conceder periodos más largos para el control judicial y rebajar las condiciones de internamiento.
Los inmigrantes sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los Estados miembros o la UE hayan concluido acuerdos de repatriación.
La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada. Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y treinta días.
La directiva de retorno se aplica también a familias y menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas. Se prevé la posibilidad de repatriar a los menores no acompañados, siempre y cuando sus familias o un centro de acogida se ocupen de ellos a su llegada. Además, los niños y las familias con menores "sólo serán internados como último recurso y ello por el menor tiempo posible".
