LISBOA 19 Oct. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Juan Sanhermelando) -
El acuerdo alcanzado la pasada madrugada por jefes de Estado y de Gobierno sobre el Tratado de Lisboa pone fin a seis años de debates durante los que la Unión Europea ha vivido ensimismada en discusiones interminables sobre su arquitectura institucional.
"La opinión pública y los políticos en Europa están hartos de esta larga historia del Tratado. Debemos concentrarnos en los problemas de la gente", subrayó el ministro portugués de Asuntos Exteriores y presidente de turno del Consejo, Luis Amado.
El único trámite pendiente para poner punto y final a esta cuestión es la ratificación en los Veintisiete Estados miembros, aunque parece poco probable que vayan a surgir nuevas dificultades porque los líderes europeos se han comprometido a evitar referendos y utilizar la vía parlamentaria. Sólo Irlanda está obligada a someter el texto a consulta.
En los casos de Reino Unido y de Dinamarca, dos países tradicionalmente euroescépticos, sus respectivos gobiernos han expresado su deseo de no celebrar referendos. En el caso británico, según los sondeos, la mayoría de la población opina lo contrario y la oposición también defiende que se celebre un referéndum. En el caso danés, por el momento parece haber sintonía entre el Gobierno y el resto de partidos, por lo que no se espera que el Parlamento decida convocar la consulta, como ya ocurrió en ocasiones anteriores.
El debate sobre la reforma del Tratado se inició en la cumbre de Laeken de diciembre de 2001, cuando los jefes de Estado y de Gobierno acordaron convocar una Convención sobre el Futuro de Europa --presidida por el ex presidente francés Valery Giscard d'Estaing-- con el objetivo de redactar un nuevo texto de manera más abierta y transparente, con mayor presencia de la sociedad civil.
La Convención se inauguró el 28 de febrero de 2002 con un discurso del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, que ocupaba la presidencia de turno. Sus 220 miembros fueron más allá de su mandato y presentaron a los líderes europeos un borrador de Constitución Europea a finales de mayo de 2003.
A continuación se convocó una Conferencia Intergubernamental para aprobar el Tratado constitucional que fracasó en su primer intento de lograr un acuerdo en diciembre de 2003, bajo presidencia de Italia, por el veto de España y de Polonia, que se oponían al nuevo sistema de votación por doble mayoría al considerar que perderían mucho poder respecto al reparto más favorable del vigente Tratado de Niza.
La llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso fin al veto español y permitió alcanzar un compromiso sobre la Constitución Europea en la cumbre de junio de 2004. A partir de ese momento empezó el proceso de ratificación, y España fue el primer país que sometió el texto a referéndum en febrero de 2005, logrando una amplia victoria del 'sí' pero con escasa participación.
El Tratado constitucional recibió un golpe mortal con el 'no' en el referéndum de Francia en mayo de 2005 convocado por el ex presidente Jacques Chirac, seguido pocos días más tarde por un rechazo similar en Países Bajos.