Reino Unido, Países Bajos y República Checa piden más concesiones a Alemania, que intenta preservar contenidos de la fallida Constitución
BRUSELAS, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La batalla por el reparto del poder amenaza con hacer naufragar la cumbre de líderes europeos que comienza hoy para tratar de llegar a un acuerdo sobre el nuevo Tratado simplificado. La presidencia alemana, que quiere preservar lo máximo posible de la fallida Constitución Europea, ha ofrecido concesiones a los países más escépticos, como Reino Unido, Países Bajos y República Checa, pero todavía no ha dado ningún paso hacia Polonia, que amenaza con vetar cualquier compromiso si no se modifica el sistema de toma de decisiones por doble mayoría de Estado y población, que a su juicio le perjudica y beneficia desproporcionadamente a Berlín.
Berlín niega enérgicamente que la amenaza de veto de Varsovia sea la consecuencia de un enfrentamiento entre los dos países y subraya que 25 Estados miembros respaldan el sistema de doble mayoría basado en un 55% de los Estados miembros que incluya al menos a 15 de ellos y que reúna como mínimo el 65% de la población, y sólo dos delegaciones lo rechazan (además de Polonia, República Checa). Sin embargo, otras fuentes presentes en la negociación consideran que se trata de un "tema de psiquiátrico" entre Alemania, el país que más ganará con el nuevo Tratado, y Polonia, el que más pierde.
Varsovia ha propuesto como alternativa que el reparto de poder se calcule de acuerdo con la raíz cuadrada de la población, un sistema que aumentaría el poder de veto de Polonia pero reduciría sustancialmente el de Alemania. En las últimas horas, los gemelos Kaczynski han mostrado algunos síntomas de apertura aunque mantienen la amenaza de vetar cualquier compromiso que no tenga en cuenta sus intereses.
La Comisión Europea, por su parte, ha advertido del riesgo de tirar por la borda los logros alcanzados por la UE durante sus 50 años de existencia si no se cierra un acuerdo sobre el Tratado para hacer más eficaz el funcionamiento de los órganos comunitarios, alertó de los peligros de una 'Europa a la carta' y arremetió contra quienes trazan sus "líneas rojas" y amenazan con el veto. "Si tenemos éxito, todos ganaremos. Si no, sólo habrá perdedores", sentenció el jefe del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso.
La gran incógnita de la cumbre es el papel que asumirá Reino Unido, que en el último minuto se ha descolgado con una petición para reducir los poderes del ministro de Asuntos Exteriores, que ya no se llamará así, impidiendo que presida las reuniones del Consejo y que cuente con el apoyo de un servicio de acción exterior. Esta postura ha sentado muy mal entre el resto de los socios, especialmente a España, que amenaza con descafeinar la figura del presidente permanente de la UE, a la que, según la prensa, aspira el primer ministro británico, Tony Blair.
Berlín presentó este martes a todas las delegaciones su propuesta sobre el nuevo Tratado. El objetivo de la canciller, Ángela Merkel, es que los líderes europeos pacten durante la cumbre los temas más polémicos que siguen abiertos -alrededor de una quincena- y que a continuación se convoque una Conferencia Intergubernamental (CIG) que se dedique únicamente a las cuestiones técnicas. El Tratado simplificado se firmaría a finales de año o principios de 2008 y los Estados miembros tendrían de tiempo para ratificarlo hasta las elecciones europeas de primavera de 2009.
En su propuesta, la presidencia alemana deja claro que el nuevo Tratado (denominado Tratado de reforma), "no tendrá un carácter constitucional" en el sentido de sustituir a todas las normas anteriores, sino que contendrá dos cláusulas para modificar, respectivamente, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que a partir de ahora pasará a llamarse Tratado sobre el funcionamiento de la UE.
No se mencionará la palabra 'Constitución', no habrá ningún artículo que hable de los símbolos de la UE (bandera, himno o divisa), el ministro de Asuntos Exteriores no llevará más ese nombre -aunque no aparece el alternativo-, y ya no se hablará de 'ley' o 'ley marco' europea, sino que se mantendrán las denominaciones actuales de 'reglamento', 'directiva' o 'decisión'. Con ello se trata de evitar la impresión de que la UE vaya a convertirse en un superestado, que provoca ampollas en muchos Estados miembros.
Como principal concesión a Países Bajos, Alemania propone reforzar el papel de los parlamentos nacionales en la elaboración de la legislación comunitaria, aunque no tendrán poder para sacar la "tarjeta roja" a una propuesta de la Comisión sino sólo una 'tarjeta naranja'. Es decir, los parlamentos no podrán vetar, pero si el Ejecutivo comunitario quiere seguir adelante con una iniciativa legislativa que sea rechazada por un tercio de los votos atribuidos a los parlamentos nacionales, deberá justificarlo mediante un dictamen motivado que tendrá que enviar a la Comisión y el Consejo. Países Bajos sigue considerando "insuficiente" esta propuesta.
Para contentar a Reino Unido, la presidencia alemana propone un mecanismo que le permita excluirse de las políticas de cooperación policial y judicial en materia penal, pero sin impedir a los demás que puedan avanzar más rápidamente si así lo desean. Cuando un Estado miembro considere que una norma afecta fundamentalmente a su sistema de justicia penal, podrá invocar un "freno de seguridad" para paralizarla, pero si un tercio de países quiere seguir adelante podrá formar una cooperación reforzada.
CARTA DE DERECHOS
Respecto a la Carta de Derechos Fundamentales, Alemania señala que el futuro Tratado incluirá un artículo que le conferirá un carácter jurídicamente vinculante, aunque todavía no hace ninguna propuesta sobre su ámbito de aplicación. Según la Constitución, se aplicaría a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros cuando aplican normas europeas, pero Reino Unido quiere que se limite sólo a las instituciones comunitarias.
Otro punto polémico, la primacía del derecho comunitario sobre el nacional, ya no aparecerá en un artículo del nuevo Tratado, como era el caso con la Constitución, sino en una declaración adjunta que pactará la Conferencia Intergubernamental (CIG). También habrá un artículo sobre la personalidad jurídica de la Unión y sobre la retirada voluntaria de la misma, como en el Tratado constitucional.
Asimismo, se redactará una disposición sobre los procedimientos de revisión de los Tratados en los que se deje claro que se podrán aumentar o reducir las competencias atribuidas a la Unión, tal y como pide República Checa. No se incluirán los criterios de adhesión a la UE como reclamaba Países Bajos pero sí una referencia a los "valores" que deben respetar los candidatos.
El paquete institucional de reparto del poder se deja intacto tal y como estaba en el Tratado constitucional, lo que incluye una reducción del número de miembros de la Comisión y el voto por doble mayoría de Estados y de población. En cuanto al resto de las políticas, se incorpora prácticamente sin modificaciones lo que estaba previsto en la Constitución Europea.
