Las defensoras de DDHH, un "blanco claro" de la ola de violencia que azota Colombia

Publicado 02/10/2019 10:07:07CET
Jacqueline Romero, defensora de los derechos de los wayuú en Colombia
Jacqueline Romero, defensora de los derechos de los wayuú en Colombia - PABLO TOSCO /OXFAM INTERMÓN

"Nuestro gran problema no es lo que pasa en Venezuela, son los problemas sociales"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Colombia sufre una ola de violencia provocada principalmente por una lucha por el control del territorio y de los recursos naturales, en la que intervienen desde empresas extractivas hasta grupos armados, ya sean guerrillas o bandas criminales, y que se ha cebado con quienes defienden las comunidades afectadas, especialmente con las mujeres, un "blanco claro".

"Yo diría que la situación que vive Colombia es muy crítica, muy compleja, muy preocupante y, sobre todo, muy avergonzante ante la mirada internacional", dice Jaqueline Romero, una wayuú de La Guajira que denuncia las consecuencias de la minería en este pueblo indígena y en sus tierras ancestrales, en una entrevista concedida a Europa Press.

"Pareciera incomprensible que después de firmar un acuerdo de paz hayan aumentado las cifras de asesinatos a líderes sociales", reconoce, pero es lo que ha ocurrido. Desde que el Gobierno y las FARC acordaron poner fin a la guerra, en 2016, más de 460 han muerto víctimas de la violencia, según cifras oficiales, si bien el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) habla de más de 700.

Romero culpa a "los señores de la guerra" que hay fuera y "dentro del Estado". "Hay un interés en que el conflicto tiene que permanecer porque es negocio y, cuando se da este intento desde la sociedad civil, (...) se contraataca", explica. "Hay que atacar a quienes luchan en contra de esto", recalca.

El "negocio" del conflicto armado, apunta la líder indígena, son los recursos naturales, "ya sea el agua, el aire o el sol". Por un lado, está el interés del Estado, porque "el modelo económico de Colombia está basado en el extractivismo", de modo que las políticas públicas están diseñadas para poner a producir estos recursos, indica. Y, por otro, están los grupos armados --a veces "conectados" con la "estructura institucional"-- que se aprovechan del vacío dejado por las autoridades colombianas.

Luz Amparo Vásquez, nacida y criada en el campo de Cundinamarca y que lucha por que sus comunidades tengan una "vida digna" sin tener que escapar a la ciudad, recuerda a este respecto que la guerra entre el Estado y las FARC se libró en al menos 170 territorios --"quizá más"--, la mayoría zonas rurales, por donde "la gente no transitaba porque la justicia se la tomaban algunos por su mano".

"La esperanza en este acuerdo de paz es que la institucionalidad pudiera llegar a los territorios", comenta Romero. "Pero en los lugares donde estaba la guerrilla el Estado aún no ha llegado, entonces es el espacio perfecto para que lo ocupen otros actores, ya sean paramilitares, narcotraficantes o bandas criminales", ilustra.

LAS DEFENSORAS, "UN BLANCO CLARO"

En este contexto, "las mujeres en cualquier momento somos blanco de cualquier cosa", lamenta Vásquez en declaraciones a Europa Press. Del total de activistas asesinados en estos tres años, 55 eran mujeres y en el primer timestre de 2019 los ataques contra ellas se han disparado un 97 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el informe 'Mujeres defensoras de los derechos agrarios, ambientales y territoriales en Colombia', presentado este miércoles por Oxfam Intermón.

Vásquez y Romero sostienen que, aunque "Colombia tiene que acabar con todos estos asesinatos", tanto de hombres como de mujeres, la violencia que se usa contra ellas y el impacto que tiene son distintos fruto de un "sistema patriarcal" que, en palabras de la primera, llevan sufriendo "toda la vida".

"Cuando matas a una mujer no matas solo a una mujer", asegura la representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y de la Plataforma de Mujeres Rurales Colombianas. Ellas se ocupan del cuidado de los hijos, de los ancianos y de otros familiares y hacen que sus hogares funcionen: "Aunque los hombres traigan el sustento, somos nosotras quienes hacemos que rinda". Por eso, "en los códigos de la guerra entre clanes wayuú la mujer era intocable. Hoy en día eso se ha traspasado", apostilla Romero.

Así, "cuando se ataca a una mujer, se ataca a todo en entorno que se quiebra", describe la activista wayuú. A modo de ejemplo, su compañera comenta que, mientras que los hombres suelen irse de la comunidad cuando son atacados, dejando a sus propias familias al cuidado de otros, las mujeres se quedan y todas las personas a su cargo se convierten también en objetivos.

En el caso de Romero, amenazaron a su hija de 15 años. "Yo presumo que era una manera de atacarme a mí porque era un mensaje muy claro", enfatiza. Después continuaron los "hostigamientos" a su círculo familiar: "Tienes dos hijas muy bonitas, puedo picar a tu mamá y desaparecerte".

La violencia que se ejerce contra las mujeres también es distinta, afirman. "Durante la guerra el cuerpo de la mujer era un botín" y eso no ha cambiado, reprocha Vásquez. A ello se suman las "especulaciones" sobre su vida privada --"Que si iban, que si venían"-- y hasta se las tacha de "viejas locas", cuentan.

90% DE IMPUNIDAD

Vásquez también recibió amenazas. Un papel que rezaba: "Callada estás mejor". Denunció ante las autoridades correspondientes pero la falta de "pruebas" --"Decían que lo podía haber escrito yo"-- hizo que ni siquiera se investigara. Su caso no es único. Más del 90 por ciento de los ataques contra las defensoras de Derechos Humanos en Colombia quedan impunes, tal y como recoge el informe de Oxfam.

"Nosotras intentamos minimizar el riesgo con lo que medianamente aprendimos", dice Vásquez. Procura "estar siempre visibilizada", es decir, acompañada. Romero, por su parte, cuenta desde hace tres años con un "esquema de seguridad" que pidió al Estado, lo cual la obliga a vivir "limitada". "Ya no puedo visitar otras comunidades o a la familia y quedarme hasta tarde. Mi vida cambió", asume.

A pesar de tener guardaespaldas, vive con miedo por ella y, en concreto, por su hija universitaria que estudia en la ciudad. "Ahora tengo miedo, pero tengo que continuar con la vida. Yo digo que es como una manta y tengo que quitármela, no puedo vivir con la manta del miedo", considera.

Vásquez pide al Gobierno y a la comunidad internacional que las ayude a "capacitarse", no solo para "conseguir plata", sino para lograr al menos una "seguridad de supervivencia". "Una tiende a ser prudente (...) pero pudiéramos hacerlo mejor si tuviéramos más herramientas. Y, de hecho, quisiéramos hacerlo mejor", subraya.

"LA PAZ AÚN ES POSIBLE"

Las dos se muestran conscientes de que el acuerdo de paz "dice mil cosas y todo no va a llegar", al menos "en un año o en el periodo de un Gobierno" porque el mismo acuerdo prevé un horizonte de 15 años para su implementación. Además, el anterior Gobierno calculó que se necesitan unos 34.000 millones de euros para financiarlo y "los recursos (económicos) son limitados", puntualiza Vásquez.

Sin embargo, exigen "sensibilidad y voluntad política" para hacer realidad lo firmado, sobre todo en las zonas que sirvieron de escenario a los combatientes, esto es, con "un enfoque territorial" de modo que "se mejore la calidad de vida de las comunidades" con educación, salud y trabajo. "Nuestro gran problema no es lo que pasa en Venezuela, son los problemas sociales que se están dando en Colombia frente a la implementación", reivindica Romero.

Ambas desconfían del actual Gobierno de Iván Duque --heredero del acuerdo alcanzado por su predecesor, Juan Manuel Santos-- porque ha tratado de modificar aspectos esenciales del mismo. En consecuencia, reclaman a la misma comunidad internacional que apoyó las negociaciones en Cuba que ahora "acompañe, siga y verifique" los pasos que se dan para materializar los textos de La Habana. "Nosotras aún creemos que la paz es posible", defienden.

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