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MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
Doce países occidentales han emitido este miércoles un comunicado conjunto en el que urgen a las autoridades rumanas a retirar dos decretos de emergencia que buscan reformar el sistema judicial por temor a que acaben con su independencia.
Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos y Suecia, como "aliados y socios internacionales de Rumanía", han instado a "todas las partes implicadas" a "evitar cualquier cambio que pueda debilitar el Estado de Derecho y su capacidad (...) para combatir el crimen y la corrupción".
"Estamos profundamente preocupados por la integridad del sistema judicial de Rumanía, que ha sido sacudido por modificaciones impredecibles que (...) "conllevan el riesgo de (...) socavar la independencia judicial", "romper valores comunes" y perjudicar el desarrollo económico del país, han dicho.
Los firmantes han lamentado que hasta ahora "los llamamientos oficiales a un diálogo sobre estos temas hayan quedado sin respuesta" y han confiado en que "el proceso de reforma se base en un enfoque inclusivo que implique a todos los actores en amplias consultas (...) por el bienestar de todos los rumanos".
"También requiere que todas las partes implicadas reconsideren las opiniones y ofertas de apoyo proporcionadas por expertos legales domésticos e internacionales para evitar un mayor daño al destacable progreso judicial que ha hecho Rumanía en las dos últimas décadas", han indicado.
En concreto, han recomendado a las autoridades rumanas que sigan las directrices de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa --experta en cuestiones constitucionales-- y de las instituciones de la Unión Europea para "garantizar un sistema judicial eficiente, transparente e imparcial".
En su opinión, "el hecho de que actualmente Rumanía ostente la Presidencia de la UE sitúa al país en una posición de especial responsabilidad". "Urgimos al Gobierno rumano y a todas las partes implicadas a tener en cuenta este comunicado conjunto y reafirmar el compromiso político de Rumanía para defender nuestros valores compartidos", han señalado.
Si no es así, han advertido de que "las ordenanazas de emergencia bajo discusión tienen el potencial de impactar en la independencia judicial de Rumanía, lo cual socavaría la confianza de sus socios en el sistema judicial y en el Gobierno" del país.
En respuesta a los embajadores que han firmado el comunicado conjunto, la primera ministra rumana, Viorica Dancila, ha recordado que "los embajadores no marcan la agenda de los primeros ministros en ningún país". "Y me gustaría recordar que tengo un diálogo directo con mis homólogos", ha subrayado, según informa Reuters.
LOS DECRETOS
El Partido Social Demócrata que gobierna en Rumanía ha impulsado dos decretos con los que pretende modificar la legislación penal de un modo que permitiría archivar varios casos de corrupción y revertir de forma retroactiva sentencias del Tribunal Supremo.
La aprobación de estos decretos beneficiaría a altos cargos como el líder socialdemócrata Liviu Dragnea, que no pudo convertirse en primer ministro por la pena de cárcel suspendida que recibió en 2015 por un caso de compra de votos. El 15 de abril se resolverá la apelación contra una segunda sentencia por incitar a otros a cometer abuso de poder.
Transparencia Internacional sitúa a Rumanía entre los estados más corruptos de la Unión Europea. Bruselas mantiene bajo especial vigilancia el sistema judicial del país.