QUITO, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente de Ecuador, León Febres Cordero, dijo hoy que la 'Comisión de la verdad' que instaló el Gobierno para comenzar un proceso de investigación en contra por presuntos delitos de violación a los Derechos Humanos, no son más que un "capricho" del actual mandatario, Rafael Correa.
Correa instaló ayer formalmente esta comisión que se encargará de indagar durante nueve meses al menos 327 casos de violación a los Derechos Humanos ocurridos en los últimos 27 años, siendo los de mayor prioridad aquellos hechos que estén vinculados al Gobierno de Febres Cordero (1984-1988).
A este respecto, el ex mandatario señaló que el decreto emitido ayer por el Gobierno ecuatoriano "no es otra cosa que la expresión auténtica de lo que es el presidente de la República: un hombre de caprichos, un ciudadano totalitario, cuyos afanes son ya conocidos por el pueblo ecuatoriano".
Febres Cordero, quien también es líder del Partido Social Cristiano (PSC), acusó a Correa de querer manipular a su antojo todos los poderes del Estado y de violar la Constitución por el "afán de persecución" en su contra por delitos que, según el ex presidente, no han sido probados.
Por su parte, el ex diputado y cercano colaborador del ex mandatario, Alfonso Harb, señaló que el proyecto formalizado ayer por Correa incentiva el desarrollo de una "comisión del odio y de izquierda radical", y aseguró que se trata de un "acto irresponsable".
Así, manifestó que la gestión de Febres Cordero obtuvo grandes logros en Ecuador por haber "erradicado las garras de la violencia y la subversión", gracias a la política de Estado que implementó en función de "luchar contra el terrorismo".
De esta manera, Harb advirtió que Febres Cordero -quien se retiró de la política a principios de este año por problemas de salud- regresará a la palestra pública "para defenderse, rodeado de quienes fueron sus colaboradores y de sus seguidores".
León Febres Cordero fue presidente de Ecuador entre 1984 y 1988. Su Gobierno estuvo marcado de fuertes críticas por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos al perseguir a sus opositores políticos y atentar contra algunas instituciones. Estas denuncias fueron condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que ordenó indemnizar a las víctimas de estos hechos.
