WASHINGTON, 8 Jun. (EP/AP) -
Los abogados del ex jefe de gabinete del vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, I. Lewis "Scooter" Libby, presentaron ayer un recurso de apelación con el objeto de conseguir el retraso del ingreso efectivo en prisión de Libby, condenado el pasado martes a dos años y medio de cárcel por falso testimonio y obstrucción a la Justicia en el caso de la filtración del nombre de una ex agente secreta de la CIA, Valerie Plame.
Para elevar su petición a un tribunal de apelación, los abogados de Libby arguyen que el fiscal del caso, Patrick Fitzgerald, carece de autoridad constitucional para presentar cargos delictivos contra Libby, al tiempo que denunciaron la prohibición injusta por la que se impidió a la defensa llamar a declarar a la periodista de la cadena NBC Andrea Mitchell sobre unas declaraciones suyas del hecho de que muchos periodistas conocían la identidad de Plame.
La defensa de Libby sostiene que tiene posibilidades de ganar la apelación, aunque el juez del caso, Reggie B. Walton, ya se ha mostrado contrario a la medida, dado la gravedad del caso, después de que la instrucción judicial incidiera en las mentiras vertidas por Libby a los agentes del FBI sobre cómo conoció el nombre de Plame y quién le habló de ella.
La identidad de la agente secreta de la CIA Valerie Plame trascendió a la prensa después de que su marido, el diplomático Joseph Wilson, desmintiera en varios artículos el principal argumento para invadir Irak: que el ex presidente iraquí Sadam Husein compraba uranio en Níger para fabricar armas de destrucción masiva, algo que Joseph, tras viajar en 2003 al país africano, aseguró ser falso.
Libby fue imputado en 2005 por mentir a los investigadores del 'caso Plame' y condenado por un tribunal federal de Washington DC el pasado 6 de marzo de dos cargos por perjurio, dos cargos por falso testimonio al FBI y un cargo de obstrucción a la justicia, a pesar de que éste siempre ha insistido en su inocencia. Se convierte así en el político de mayor rango condenado desde el escándalo de la financiación de la contraguerrilla en Nicaragua a mediados de los 80 durante el mandato presidencial de Ronald Reagan.
