Los empresarios denuncian una criminalización del sector privado
CARACAS, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Nicolás Maduro ha apresado a más de una veintena de dueños de empresas distribuidoras, sobre todo de comida y otros bienes de primera necesidad, en una exhibición de fuerza que busca amedrentar a los 'cerebros' de la supuesta "guerra económica" contra Venezuela.
El último episodio ha tenido lugar esta semana. Las fuerzas de seguridad han detenido al presidente y al vicepresidente de Farmatodo, Pedro Angarita y Agustín Álvarez, por presunto "boicot". Ambos aguardan en los calabozos del Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional (SEBIN) a una acusación formal que podría acarrear cárcel.
"El pasado sábado, funcionarios realizaban una inspección en una farmacia de esa cadena y detectaron que había varias cajas de pago que no estaban operativas mientras una larga cola de personas aguardaba para adquirir los productos", ha argumentado la Fiscalía.
El Palacio de Miraflores acusa a Farmatodo, con 147 tiendas en Venezuela que venden medicamentos, productos de cuidado personal y alimentos, de ayudar a la "desestabilización económica" del país suramericano.
La cadena de distribución Distenca también ha sido blanco del Gobierno en los últimos días. Tres de sus miembros han sido arrestados por, supuestamente, acaparar mercancía para esperar el momento adecuado y venderla con precios desorbitados.
Corporación Cárnica, por sur parte, ha visto detener en las últimas semanas a cuatro de sus gerentes y a una accionista por supuestos delitos de boicot, especulación y acaparamiento.
En el caso de Zuli Milk, fue intervenida por el Gobierno por presuntas irregularidades en la fabricación, la distribución y el precio de sus productos. Cuatro de sus dueños están a la espera de un juicio en el que podrían ser condenados a 10 años.
Y sigue así una nutrida lista de empresa. Día a Día, Unicasa, Distribuidora de Alimentos CDF y Distrilago tienen a uno de sus ejecutivos en prisión con las mismas acusaciones. Hasta ahora se desconoce el número de personas arrestadas en Representaciones Herrera.
LEGISLACIÓN FAVORABLE
Todos estos empresarios han sido arrestados al amparo de la ristra de leyes que Maduro aprobó en 2014 gracias a la Ley Habilitante que la Asamblea Nacional le concedió para que gobernara con poderes absolutos durante un año para contrarrestar la "guerra económica".
Una de las claves de la nueva legislación aprobada directamente por Maduro es que lo que hasta entonces eran considerados ilícitos administrativos, que suelen ventilarse con una multa, ahora son delitos que pueden traducirse hasta en diez años de cárcel.
La Ley de Costes y Precios Justos ha creado una amplia gama de delitos relacionados con la "guerra económica" que van desde el concepto abstracto del boicot hasta la especulación y el acaparamiento, pasando por tipo tradicionales como la asociación para delinquir.
ADVERTENCIA AL SECTOR PRIVADO
Luis Alfonso Herrera, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y coordinador del Observatorio de la Propiedad Privada de Cedice, ha considerado que estos cambios legislativos son una advertencia al sector privado.
"Es un delito de corte político que criminaliza la actividad privada. Tal como está redactada esa ley, es difícil que cualquier persona no caiga en irregularidades, porque está orientada a que no pueda ser cumplida", ha explicado a 'El Nacional'.
Así las cosas, el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, ha lamentado de que con este nuevo panorama normativo "ahora los empresarios engrosarán la lista de presos políticos del Gobierno venezolano".
CRISIS ECONÓMICA
Desde su llegada al poder, en 2013, Maduro ha aludido a la existencia de una "guerra económica" supuestamente lanzada por la derecha nacional e internacional contra su Gobierno para acabar con la llamada Revolución Bolivariana con la muerte de Hugo Chávez.
En el último año, coincidiendo con el empeoramiento de la situación económica, el Palacio de Miraflores ha multiplicado las denuncias sobre la existencia de supuestos complots destinados a expulsar a Maduro del poder.
Venezuela sufre una grave crisis económica provocada, de acuerdo con los expertos, por su enorme dependencia de los ingresos petroleros que durante el mandato de Chávez permitió al país importar todo lo que necesitaba y comprar aliados en la región.
Ahora, con el barril de crudo por debajo de los 40 dólares --cuando Venezuela necesita llegar al umbral de los 100 dólares para sanear sus cuentas públicas-- la importación se ha convertido en un lujo y los productos básicos han desaparecido de los supermercados.
Las largas colas --de hasta ocho horas--, e incluso las peleas entre clientes, para llegar los primeros a la estantería de la tienda y conseguir el último paquete de leche hacen crecer el descontento también entre las bases 'chavistas', lo que plantea un panorama complejo para Maduro en año de elecciones parlamentarias.
