BEIJING, 15 Nov. (De la corresponsal de EUROPA PRESS Débora Altit) -
El Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró hoy que el caso presentado en España por miembros cercanos al movimiento espiritual Falun Gong, y que el Tribunal Constitucional ha ordenado investigar esta semana, no es competencia española tal y como estipula la legislación internacional, y que esperan que "los países occidentales adopten una postura adecuada en torno a este problema".
"Según la ley internacional y los principios básicos de las relaciones internacionales, los órganos jurídicos de ningún país permiten el ejercicio de actividades administrativas sobre un estado soberano", señaló el Ministerio en un comunicado a esta agencia.
"Falun Gong es un culto perverso que por medio de métodos despreciables propaga rumores y acusa con falsos argumentos, a fin de dañar las relaciones de China con otros países", indicaba también el breve comunicado, que la cartera de Exteriores tardó un par de días en enviar debido a lo "sensible" del caso, según señaló una funcionaria.
La sentencia del Tribunal Constitucional a favor de la investigación en la Audiencia Nacional española del genocidio de miembros de Falun Gong en China se produce coincidiendo con la visita de los Príncipes de Asturias al país asiático.
Según declararon desde la Consejería de Prensa de la Embajada de España en Beijing, "nadie se ha puesto en contacto con nosotros por este tema, y no contamos con ninguna información ni oficial ni oficiosa".
Desde la Embajada recalcaron que la sentencia no ha ensombrecido en absoluto la visita oficial de sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, y que de hecho se han logrado acuerdos importantes como el que permitirá, a partir de ahora, la importación de carne de cerdo de España a China. Sin embargo, de acuerdo con fuentes diplomáticas, Beijing podría estar esperando al fin de la visita para transmitir su queja oficial.
En 2003 un grupo de personas cercanas a Falun Gong denunciaron al ex presidente chino Jiang Zemin y al entonces responsable del Comité Legislativo y de Políticas Centrales, Luo Gan, a cargo de las cuestiones relativas a política, seguridad e inteligencia. Los demandantes los acusaban de delitos de genocidios y torturas desde 1999 y de un movimiento represor que habría causado la muerte de alrededor 2.000 personas.
