Sartorius defiende que se cuente con las CCAA, siempre y cuando la decisión final sigua en manos del Gobierno
MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La falta de regulación es una de las características determinantes de la acción exterior española en el ámbito de las iniciativas de las comunidades autónomas, según destaca un estudio del Observatorio de Política Exterior OPEX presentado hoy en la Fundación Alternativas cuyo vicepresidente, Nicolás Sartorius, manifestó que las comunidades autónomas deben ser consultadas y tenidas en cuenta, siempre y cuando la decisión última esté en manos del Gobierno central.
El estudio 'La acción internacional de las comunidades autónomas y su participación en la política exterior española' apuesta por fomentar la cohesión y la coherencia para evitar la descoordinación en un ámbito relativamente nuevo como es el de la acción exterior de las comunidades autónomas como actores paralelos al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Para el autor del estudio, el profesior de Ciencias Políticas de la UNED, César Colino, "al final tendremos otro sector de política pública, con sus conflictos y tensiones", una vez que se estabilice y se establezcan de forma clara los mecanismos de participación de las comunidades autónomas en la acción exterior del Gobierno central y los de complementariedad y acción paralela.
En el acto también participó el ex diputado y periodista Nicolás Sartorius, quien insistió en la necesidad de respetar las condiciones establecidas por el Tribunal Consitucional en la sentencia de 1994 en la que ésta sala admitió que el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca estableciera una sede en Bruselas: que "siendo necesarias, o al menos convenientes, para el ejercicio de sus competencias, no impliquen el ejercicio de un 'ius contrahendi', no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado, y no generen responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros u organizaciones inter- o supranacionales".
Sartorius destacó que en un Estado "compuesto" como España es lógico que las comunidades autónomas tengan un papel en la acción exterior, "ámbito mucho más amplio que el de la política exterior, que es una competencia exclusiva del Gobierno" central. En cualquier caso, explicó Sartorius, a la mayoría de las comunidades autónomas les interesa principalmente ámbitos de la acción exterior como el económico --sobre todo en cuestión de inversiones tanto del extranjero a la comunidad como a la inversa--, el migratorio o el de la cooperación al desarrollo.
Ante las posibles "disfunciones" que podría provocar la política exterior de las comunidades autónomas españolas, el texto de Colino propone fórmulas como la utilización de las embajadas españolas como sede de las distintas oficinas que las autonomías deseen establecer en el extranjero, tal como ha hecho Canadá. Y es que el estudio de la articulación de la política exterior de los organismos subestatales es una de las claves de este estudio.
También en relación a las fórmulas de representación en el exterior, Colino analiza las diferentes políticas puestas en práctica por las comunidades autónomas y destaca dos fórmulas, la catalana y la canaria. El Gobierno catalán habría optado por la dispersión por campos --economía, turismo, etcétera-- en redes paralelas; mientras que el Gobierno canario escogió la concentración en una sola oficina, por países.
Otra de las grandes propuestas del informe es la regulación de una conferencia autonómica sectorial que reúna a los consejeros de todas las comunidades autónomas y el ministro del ramo, una opción cada vez más necesaria debido a la descentralización de los tratados internacionales, cada vez menos dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y más vinculados a los ministerios de los distintos ámbitos, según Colino.
También propone la creación de un registro en el Senado para recoger todos los convenios que firmen las distintas autonomías, cada vez más numerosos, o la aprobación de una Ley de Cooperación de las Administraciones Públicas o una Ley de Acción Exterior del Estado que incluya un título que regule la acción exterior de las comunidades autónomas.
El texto recomienda al Cuerpo Diplomático, "cambiar su percepción del fenómeno" y "asumir la realidad autonómica", en referencia a que, según Colino, algunos embajadores "no ven con buenos ojos" la acción exterior de las distintas comunidades autónomas.
El objetivo último sería, en cualquier caso, una mayor cooperación para la unidad de criterio y la obtención de sinergias como resultado de la coordinación de los esfuerzos de las distintas administraciones del Estado en un marco definido de responsabilidades y competencias que ponga límite a los "posibles excesos".
